La Paz, 25 de marzo (ANF).- Los exdirigentes de la Federación de Choferes de La Paz 1 de Mayo no dejaron informes ni descargos sobre la administración de los recursos económicos retenidos por concepto de “aportes” en el peaje de La Paz-El Alto, que debían estar destinados a un Fondo de Salud.
“No, el que tenga que venga y que diga”, respondió el dirigente Rubén Sánchez a la red UNO al ser consultado si al asumir como secretario ejecutivo de su organización recibió algún informe de descargo del millonario monto que se manejó desde la gestión 2003.
Precisó “que las dos gestiones a las que estamos haciendo mención no han dejado nada”, refiriéndose a los dirigentes que le antecedieron en la conducción de la Federación de Choferes, organización sindical que se vio implicada en denuncias de irregularidades en la administración de recursos económicos.
El exdirigente Ismael Fernández habría señalado que en su gestión se formó una comisión revisora; René Vargas se comprometió a dar la información; mientras que Franklin Durán dijo que tiene todo el informe de descargo sobre su gestión en la que manejó al menos 3 millones de bolivianos.
El diputado de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, denunció que entre 2008 y 20017, la organización del transporte administró al menos 11 millones de bolivianos, que recibía de Vías Bolivia por la retención de 0,20 centavos del peaje que cancelaban en la Autopista El Alto-La Paz.
Tras destaparse el escándalo, los choferes de base y algunos sindicados que forman parte de la Federación señalaron que no conocían del destino de dichos recursos económicos, porque nunca supieron de ningún Fondo de Salud creado para los afiliados.
Por otra parte, el dirigente Sánchez también manifestó que en su gestión por las retenciones administró 2 millones de bolivianos y recibió del anterior dirigente 500.000 Bs.
Ministerio Público
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, anunció que en 20 días tendrán un informe en el que se determine si la denuncia constituye o no constituye un delito, por lo que se iniciaron las indagaciones; asimismo señaló que generalmente el sistema bancario demora en remitir los informes.
Los recursos que transfería Vías Bolivia según la denuncia del legislador se hicieron a cuentas personales de los dirigentes y no así a una cuenta de la organización, el Ministerio de Obras Públicas deslindó su responsabilidad bajo el argumento que su misión era realizar las transferencias.
Los diputados Santamaría y Rafael Quispe denunciaron el caso porque consideran que existen delitos penales de malversación de fondos en particular, además de otros presuntos delitos.
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