La Paz, 27 de marzo (ANF).- Las iglesias evangélicas de la Asamblea de Dios pidieron a la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, someter a control constitucional el proyecto de ley de Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y Creencias Espirituales.
En su misiva realizan una serie de observaciones al proyecto, sostienen que vulnera el “principio de reserva de ley”, porque la Constitución Política del Estado no ha reservado su regulación a través del Órgano Legislativo.
La Asamblea de Dios (ADB) ha solicitado a la presidenta Salvatierra que, en el marco del Código Procesal Constitucional, eleve al Tribunal Constitucional Plurinacional el proyecto de Ley Nº 108/2019-2020 de libertad religiosa, organizaciones religiosas y creencias espirituales para un control constitucional.
“A fin de realizarse la consulta previa sobre la constitucionalidad de dicho proyecto de ley de confrontar el texto de la iniciativa legislativa con la Constitución Política del Estado y la supremacía constitucional”. La carta es firmada por Freddy Catari, vicepresidente de la ADB
Señalan que los legisladores no pueden pasar por alto que el texto constitucional establece que “El Estado es independiente de la religión”, por lo que es un “contrasentido” su intento de regulación.
Por otra parte, advierten que el Estado es laico, es decir se caracteriza como independiente de cualquier organización o confesión religiosa, por lo que las autoridades no se adhieren a ninguna en particular.
Observan el artículo 12 del proyecto de ley referido a Recursos y Patrimonio, el que dice: “En ningún caso los ingresos y el patrimonio, podrán ser distribuidos directa o indirectamente entre sus miembros e integrantes”.
“Este parágrafo Presidenta, no es claro a la hora de interpretación, toda vez que dentro de nuestra institución existen aportes voluntarios que son destinados al sostenimiento pastoral, la obra evangelista y en iglesias con mucha membresía y personal administrativo”, dice la carta.
Asimismo, rechazan la regulación respecto al patrimonio de las iglesias, bajo el argumento que el tema respecto a la disolución no puede ser regulado por una ley, porque el tema está establecido en sus estatutos.
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