La Paz, 25 de septiembre de 2022 (ANF).- La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) denuncia que el Gobierno tiene un doble discurso ante los organismos internacionales sobre la realidad que viven los pueblos indígenas que están expuestos a altos grados de contaminación por el mercurio.
“Hoy intentan camuflar con acciones que no tienen un contenido, realmente no hay un compromiso del Estado boliviano en el país, no se cuenta con un plan de acción sobre la importación del mercurio, el uso y distribución de este metal tóxico”, declaró Alex Villca a la ANF.
Esta pasada semana, el relator especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, presentó su informe temático sobre el mercurio en el Consejo de Derechos Humanos, instancia en la que la embajadora ante la ONU en Ginebra, Maira Macdonal, dijo que Bolivia es respetuosa de los compromisos internacionales, habiendo ratificado el convenio de Minamata el 2015”.
Acotó que el país coincide con el relator cuando recomienda el desarrollo de planes nacionales y estrategias de acción sobre el uso del mercurio”, e informó que el Gobierno trabaja en el “desarrollo” de proyectos como el plan nacional de acción en el sector de la minería artesanal, entre otros.
Sin embargo, para Villca este discurso “intenta salvar el momento” porque las acciones desde el Estado central “son nulas" respecto al cuidado y la protección del medio ambiente y los pueblos indígenas como un derecho elemental que tienen los bolivianos.
El relator manifestó que la exposición al mercurio proveniente de la minería del oro a pequeña escala produce severos daños a la salud de las personas, violando sus derechos humanos, pero, además, ambientales. Esto no sería un hecho aislado de la cuenca amazónica, sino de otras regiones como África Oriental y el sudeste del Asia.
Un ejemplo, resaltado por el Relator de la ONU, señala que un estudio realizado al pueblo Esse Ejja del Norte de Bolivia, en el Beni, comprobó que mujeres en edad fértil presentaron carga corporal de mercurio extremadamente alta. Esto debido al consumo de pescado, base de su dieta diaria.
Según Villca, son un conjunto de derechos fundamentales que se vulneran de manera sistemática de los pueblos indígenas, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, a la salud.
Reflexionó que en muchas regiones los indígenas consumen el agua de los ríos contaminado por la minería aurífera, por lo tanto, los pescados que consumen tienen un alto grado de toxicidad; lo mismo sucede con el mercurio liberado es dañino para los sembradíos y el medio ambiente.
Por lo que el discurso gubernamental contradice la realidad que viven los bolivianos y en particular los pueblos indígenas. “Dicen que van a actuar en esa acción, pero no pasa más allá del discurso”.
“Siguen llevando esa narrativa que el Estado boliviano está comprometido con los derechos de la madre tierra y pueblos indígenas, pero en el país va en sentido contrario”, protestó.
Comentó que esa narrativa es cada vez menos creíble porque no refleja la realidad de los pueblos indígenas que están sufriendo quizás los mayores embates del modelo extractivista que se ha profundizado y ha penetrado en aéreas protegidas, con “daños irreversibles”.
Es más, manifestó que “exponen a los pueblos indígenas a un alto grado de exterminio físico y cultural”, porque como en el caso del uso y comercialización del mercurio a la fecha no hay un plan de acción nacional que mitigue el uso de ese metal tóxico al que están expuestos los pueblos indígenas.
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