La Paz, 13 de septiembre (ANF).- Que la Defensoría del Pueblo se haga cargo del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), que dependía del Ministerio de Justicia, no garantiza la independencia de sus funciones, señalaron los juristas Eusebio Vera y Pedro Gareca.
Vera indicó que, con el Sepret bajo tuición de la Defensoría, habría algo de independencia, debido a que esta entidad en teoría, y conforme a normativa, es un órgano totalmente independiente del Estado central, no obstante, las actuaciones de la defensora ponen en duda esta garantía.
“Podría tenerse algo de credibilidad en las funciones del Sepret, sin embargo, no debemos ignorar que todas las instituciones están cooptadas por el Gobierno Central”, dijo Vera a ANF.
Recordó que la actual defensora del Pueblo, Nadia Cruz, fue elegida por el gobierno del MAS con su mayoría parlamentaria, y que, pese a que su interinato terminaba en 90 días, de acuerdo a Ley, ya lleva más de dos años en el cargo por el apoyo del oficialismo.
“Inclusive ahí estaríamos hablando de falta de legitimidad en sus acciones, porque ya habría excedido el periodo de su interinato, pero lamentablemente se ha mantenido frente a la Defensoría del Pueblo, pese a todas las observaciones que recibe”, manifestó.
La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó el proyecto de ley Nº 195/2020-2021, para que la Defensoría del Pueblo se haga cargo del Sepret que dependía del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
El legislativo dice que de ese modo cumple la recomendación del Informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) que demandó al Gobierno de Luis Arce garantizar la independencia del Sepret, de tal modo que se convierta en un mecanismo nacional de prevención en plena conformidad con el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura.
La norma establece que activos, pasivos y documentación del Sepret serán asumidos por la Defensoría del Pueblo que ahora incorpora en sus funciones nuevas tareas como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Estado.
Sin embargo, para el jurista Pedro Gareca el problema del Sepret no pasa por un cambio de personas o instituciones para que asuman la responsabilidad de su funcionamiento, y que la recomendación del GIEI implica hacer un estudio más profundo, de tal manera “que los medios nos permitan alcanzar los buenos resultados en esto, igualmente en el ámbito de la justicia”.
“Mientras no institucionalicemos en base a leyes y reglamentos adecuados las instituciones, vale decir mediante concursos públicos, transparentes, de méritos y llevando a los mejores profesionales a esas instituciones, no va a cambiar absolutamente nada”, manifestó el especialista.
Desde el inicio de sus funciones, el Sepret fue cuestionado por instituciones de Derechos Humanos del país. Incluso el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuestionó que esta institución esté bajo la tutela del Ministerio de Justicia y dependa de esta entidad, situación que le resta independencia para realizar sus actividades.
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