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Sociedad

23 de junio de 2022 08:48

Activista: En Bolivia los niños y niñas están desprotegidos y son invisibles para el Gobierno

Los casos de maltrato y agresiones sexuales contra los niños y niñas indignan al país.

1655989431843 Imagen ilustrativa. Foto: ANF
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La Paz,  23 de junio de 2022 (ANF).– “Mi hermano acaba de morir, pido justicia, por favor”, rogaba Jhasely (20) con la voz quebrada el pasado 11 de junio en la ciudad de Santa Cruz. Desde ese día, la familia del niño (11) que fue víctima de una agresión sexual múltiple y contagiado de una enfermedad incurable, no halla consuelo y peregrina por justicia. Este crimen es uno más de los casos de violencia extrema que sufren los niños y niñas en el país.

De acuerdo a datos del Ministerio Público, en el primer trimestre de 2022 se reportaron 611 casos de violaciones a infantes, niñas, niños y adolescentes en toda Bolivia. Esa cifra refleja un promedio de siete agresiones sexuales a menores de edad cada día, siendo una de las cifras más altas de los últimos años a nivel nacional. Mientras que los asesinatos del 1 de enero al 6 de junio ya suman 17.

Estos datos alarman y preocupan a la abogada y activista Jessica Echevarría que también forma parte de la Red Ciudadana Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil. Afirma que el sistema de protección no funciona en territorio nacional, y que los casos de violencia, agresiones sexuales e infanticidios tienen que salir a la luz pública para que las autoridades actúen.

“Desde el 2020 la espiral de violencia hacia los más pequeños se ha incrementado y esto preocupa de sobremanera porque hablamos del grupo más vulnerable e indefenso que tenemos como son los niños. No hay atención oportuna ni desde la justicia ni defensorías y tampoco el Estado, (la niñez) es el sector de la población menos atendida porque cuando se trata de casos de niños lo minimizan”, declaró a la ANF.

“Los niños son invisibles para el Estado”

Uno de los casos de violencia infantil que consternó a la población fue el del niño de 11 años víctima de violación múltiple en Yapacaní. Los agresores fueron cuatro hermanos. El pequeño falleció después de casi un año de peregrinar por justicia y restaurar su salud que quedó quebrantada debido a una enfermedad incurable que le transmitió uno de sus agresores.

En este caso, lo más trágico, según el relato de la familia, fue la inoperancia de la justicia y Defensoría de la Niñez que no les prestaron ayuda de forma inmediata, e incluso el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) tardó ocho meses en atender el caso del niño.

Según la hermana de la víctima, un primer informe forense descartó la violación y otro segundo análisis recién confirmó la agresión sexual que sufrió el niño.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió al Gobierno evaluar el sistema de protección que se otorga a las víctimas de estos vejámenes “para que no se sigan repitiendo”. También sugirió que los municipios evalúen y fortalezcan el servicio de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.

Para la abogada Jessica Echevarría la “falla” en la protección de la niñez está en la falta de personal capacitado en la Ley del Código del Niño, Niña y Adolescente y en tratados internacionales que defienden  a esta población.

“La falla está en que los niños son invisibles para el Estado, no les interesa. Se supone que cuando sucedió el caso de la niña Esther en 2020,que nos estremeció a todos, supuestamente la justicia iba a cambiar, sin embargo, todo sigue igual. El problema está en que a las autoridades les importa más su cargo que trabajar para que exista un cambio”, agregó.

La profesional remarcó que cuando un caso de violación, maltrato o infanticidio se hace público y la población expresa su indignación “recién ahí las autoridades corren a pronunciarse cuando ya ese niño ha perdido la vida. Pareciera que importa más los likes que hacer bien su trabajo”.

“No hay justicia para los niños abusados”

Hallar justicia para las víctimas de violencia es otro drama para las familias que peregrinan por años para lograr que los delincuentes sean sancionados con todo el peso de la ley. En esa viacrucis hay amenazas de los propios agresores y muchas veces las familias desisten y huyen para salvaguardar sus vidas.

“Es muy preocupante porque muchas familias tienen que irse del lugar donde viven, trasladarse a otro departamento o hasta irse del país ante la indefensión de parte del Estado porque no les dan medidas de protección y si les dan es un saludo a la bandera, nadie hace cumplir”, dijo.

La familia de otra víctima de los denominados “monstruos” de Yapacaní salió del país porque temía por su integridad ya que recibía amenazas de muerte y por eso tomaron la decisión de salir del país y establecerse en el extranjero.

“En Bolivia, los niños son los más indefensos y los más desprotegidos. Lo que ocurrió en  Yapacaní es una muestra de lo que ocurre en el país, en los municipios donde estos casos quedan en la impunidad”, contó la jurista.

La profesional relató que durante hace días atrás atendió el caso de una niña de 8 años que fue víctima de violación en el municipio cruceño La Guardia, pero el casó estuvo paralizado por más de un año y la justicia abrió el caso solo cuando se difundió a través de los medios de comunicación.

“El caso de una niña de 8 años que fue violada fue archivado sin razón, por chicanerías, el caso salió en los medios y recién la justicia hace algo. Este tipo de omisiones son recurrentes, sobre todo en las provincias  donde hay mucho abandono. Somos un país de autoridades reaccionarias, solo cuando ven un caso de infanticidio o violación recién se mueven”, indicó

¿Qué se puede hacer?

La activista criticó que el gobierno no promueva ni ejecute políticas públicas para prevenir la violencia contra la niñez en territorio nacional.

“Deberíamos hacer políticas en los ministerios de Justicia, Educación y Gobierno para prevenir la escalada de violencia (…). Lamento que el Legislativo no se ponga las pilas porque hay proyectos que están durmiendo como el registro de delincuentes sexuales”, señaló.

Planteó que es urgente la capacitación de funcionarios de las defensorías de la Niñez y Adolescencia y fiscalías para evitar la “burocratización” en la recepción de denuncias.

“A veces hay rotación que hacen en las defensorías y fiscalías y eso hace que sea más burocrático el proceso de buscar justicia y muchas veces no tienen la empatía ni sensibilidad para atender a estos pequeños y sus familias”, afirmó.

/MLA/





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