Sede del Tribunal Supremo de Justicia. Foto: RRSS
La Paz, 13 de noviembre de 2022 (ANF).- Paola Ceballos, coordinadora nacional de Asociación de Víctimas de la Injusticia de Bolivia (Asivibo), informó que hasta la fecha esa organización presentó a la Cámara de Senadores, Ministerio de Justicia y Defensoría del Pueblo al menos 75 carpetas judiciales, en total, documentos que develan actos ilícitos cometidos por los operadores de justicia.
Ceballos indicó que se trata de casos en los que jueces y fiscales cometieron irregularidades, sino delitos, al sostener acusaciones sin pruebas y sentencias exageradas que no se enmarcan en el Código Penal. Así también el estudio de casos devela la parcialización de la justicia en contra de grupos vulnerables.
“Hay carpetas donde tienen sentencias de 27 años por violación cuando no existen elementos probatorios, es decir, las mismas pruebas dicen que no ha habido el hecho; otro caso es el de una mujer sentenciada con 30 años de cárcel por supuesta complicidad en un hecho de violación”, dijo Ceballos a ANF.
Recordó que también está el caso de tres niños amarrados a un poste y flagelados con itapallu en Caranavi por su padre que la fiscalía rechazó, pese ha haberse obtenido la declaración en Cámara Gesell y contar con certificado médico.
“Estos niños han tenido que irse con su madre a Cochabamba y aún así la persona que les infligía tanto daño los ha seguido hasta Cochabamba”, refirió.
Una representación de Asivibo ingresó en total 50 carpetas a la Cámara de Senadores y al Ministerio de Justicia y 25 más a la Defensoría del Pueblo, entidad que se comprometió a tomar las acciones inmediatas sobre estos actos ilícitos llevados a cabo “por parte de los servidores públicos del Consejo de la Magistratura, la Fiscalía, el IDIF y las defensorías”.
Ceballos lamentó que hasta la fecha la Fiscalía Departamental de La Paz no haya dado respuestas a quejas presentadas en contra de sus funcionarios, implicados en varios casos en los que tuvieron una participación cuestionable.
Asivibo recoge denuncias de los nueve departamentos del país y de ciudades capitales alejadas donde la administración de justicia se ha tornado un poder al margen de las normas, donde jueces golpean a litigantes y amenazan con procesos penales como el ocurrido en Cobija a Raúl Aguilar, fotógrafo, que tuvo que escapar de esa región por amenazas de muerte en su contra.
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