La Paz, 8 de septiembre de 2022 (ANF).- El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción emitió el año pasado un informe donde alerta de 14 posibles casos de corrupción dentro de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y resaltó que la cabeza de la institución, Henry Nina, tenía pleno conocimiento.
“Todas las irregularidades y hechos indebidos descritos previamente, 14 en total, son de conocimiento pleno de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE, Henry Nina, presidente de ABC), siendo la misma responsable de tomar acciones inmediatas y oportunas para evitar actos de corrupción. Por el contrario, la MAE permite y se involucra en estas acciones indebidas. Siendo muy importante mencionar que se debe investigar y revisar todos los actuados de la gestión de la MAE actual”, indica el informe de Transparencia al que tuvo acceso El Deber.
Dentro de estos 14 posibles casos de corrupción no se encuentra la polémica denuncia sobre la presunta coima que el presidente de la ABC y funcionarios de esa institución recibieron para adjudicar a una empresa china el tramo carretero Sucre- Yamparáez, este último contrato se firmó a principios de este año.
En uno de los casos más polémicos se menciona adjudicación de obras a las empresas Grupo Empresarial Geico y Forver SRL, representada por Henry Marín Choquehuanca y Ever Mario Choquehuanca, ambos hermanos. El informe indica que los señalados “son del mismo sector (Carrasco, la reserva de la provincia de Caranavi), del presidente de la ABC, Henry Nina; además, fueron dirigentes de la organización social de los Interculturales”.
Otro caso de adjudicación de obras viciado de corrupción involucra a la empresa Cotapalka cuyo representante legal es Jaime Alcón Avilés, hermano del gerente regional de ABC en La Paz, Olguer Alcón.
El informe del Viceministerio de Transparencia sugiere “la intervención de auditoría, unidades de transparencia, Contraloría y otras instancias que coadyuven en el esclarecimiento e investigación en la gestión Henry Nina, por los supuestos delitos de uso indebido de bienes del Estado, cobros indebidos para adjudicación, pago de planillas y otros”.
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