Tribunal de las Mujeres contra la Impunidad. Foto: ANF
La Paz, 30 de noviembre (ANF).- El Tribunal de las Mujeres Contra la Impunidad advirtió que en caso de persistir la retardación y la inobservancia del debido proceso en el juzgamiento del asesinato de la concejala Juana Quispe y del feminicidio de María Isabel Pilco acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de reparación y justicia.
El Tribunal sesionó por segunda vez en la ciudad de La Paz ejerciendo el control social establecido en los artículos 231 y 242 de la Constitución Política del Estado y sometió a conocimiento de varios expertos los dos casos considerados emblemáticos porque develan la vulneración de los derechos de las mujeres.
El Tribunal estuvo constituido por Griselda Sillerico de la Defensoría del Universitario; Susana Eróstegui, directora de UNITAS; María Elena Burgos del Observatorio de Exigibilidad de Derechos de las Mujeres; y el periodista Andrés Gómez.
Familiares y abogados de las víctimas expusieron los detalles de estos crímenes cometidos contra las dos mujeres que, según revelaron, previo a su muerte fueron acosadas y sometidas a violencia extrema.
La abogada Valkiria Lira recordó que Juana Quispe Apaza fue asesinada cuando ejercía como concejala en el municipio de Ancoraimes, provincia Omasuyos de La Paz. Según las evidencias, semanas antes de su asesinato, sufrió discriminación y constantes agresiones verbales y físicas por parte del exalcalde y dos exconcejales del MAS a quienes denunció por corrupción.
El 13 de marzo de 2012, un día después de participar en la marcha del “Acullico”, su cuerpo fue encontrado en inmediaciones del río Orkojawira de la ciudad de La Paz con indicios de estrangulamiento. “El caso aún sigue impune”, puntualizó Lira.
El Tribunal de las Mujeres concluyó que de la revisión de los antecedentes se establece que “la investigación ha iniciado en fecha 14 de marzo de 2012, y transcurridos cinco años y ocho meses al presente continúa en la etapa de investigación como consecuencia de la mala fe en las actuaciones procesales”.
Dejó constancia que “ni siquiera se tomó declaración informativa a uno de los principales sindicados, manteniendo paralizado el proceso y generando retardación y negación de justicia”.
Por lo anotado, el Tribunal de las Mujeres resolvió “imponer una sanción social en contra del Estado ya que el Órgano Judicial, a través de sus actores, fiscales Susana Boyan Tellez y Genaro Quenta Fernández, han incumplido sus deberes como representantes de la sociedad”.
Por su parte, la abogada Nadia Morales expuso el caso de María Isabel Pillco, la joven que falleció hace cuatro años a raíz de la golpiza que le propinara su concubino, destacando que el Estado boliviano no le brindó protección oportuna pese a dos denuncias previas a su feminicidio.
Luego de la compulsa de los antecedentes, el Tribunal de las Mujeres estableció que la sentencia de absolución y de inocencia a favor de David Viscarra constituye un acto de completa impunidad y vulnera el derecho de acceso a la justicia.
Por tanto, “impone una sanción moral y social en contra del Estado Plurinacional de Bolivia en su Órgano Judicial por haber permitido la vulneración de derechos en sus actores: jueces José Luis Quiroga Flores e Iván Perales Fonseca, quienes han incurrido en violación de los derechos previstos en la CPE y los Tratados Internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad generando impunidad y un precedente nefasto en la administración de justicia”.
En ambos casos, el Tribunal Social se reserva el derecho a “tomar las acciones correspondientes ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en caso de no ser oídos”.
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