El juez Hugo Huacani. Foto: archivo/radio Fides
La Paz, 25 de mayo (ANF).- La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), con sede en Washington, expresó este lunes su preocupación por la afectación a las garantías de independencia que tienen jueces y magistrados (as) que resuelven o revisan la situación de privación de libertad de detenidos en causas de alta sensibilidad pública, o que emiten decisiones de control de la constitucionalidad o legalidad de las medidas adoptadas en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus (Covid-19).
Recientes casos de presiones públicas, suspensiones y sanciones a operadores de justicia por el contenido de sus resoluciones en la aplicación de medidas cautelares -como el de los jueces penales Daniel Urrutia en Chile y Hugo Huacani en Bolivia, el primero sancionado por una instancia judicial superior y el segundo acusado de prevaricato por el Ministerio de Gobierno y detenido “en flagrancia” después de haber emitido la resolución cuestionada- podrían tener un efecto adverso y promover que las y los juzgadores se abstengan de decretar medidas alternativas a la detención preventiva por temor a ser suspendidos o removidos de sus cargos, refiere la organización regional.
La DPLF hizo un análisis a distintos casos registrados en algunos países de la región y en ese marco también abordó el caso de la aprehensión irregular del Juez Undécimo de Instrucción Penal de La Paz, Hugo Huacani.
Huacani fue aprehendido el pasado viernes, previamente a una audiencia que debía llevar a cabo, porque -supuestamente- otorgó de manera irregular la detención domiciliaria a la apoderada del exministro Juan Ramón Quintana por el caso terrorismo. El Juez interpuso una acción de libertad y fue liberado, sin embargo, la detención fue cuestionada. El Consejo de la Magistratura pidió a la Fiscalía investigar los motivos de la aprehensión.
El organismo refirió que si hubiese observaciones a resoluciones judiciales, éstas deben ser recurridas por las partes usando los medios impugnatorios propios del proceso penal.
Para la DPLF, el señalamiento público y la criminalización a los operadores de justicia, responsabilizándolos por los efectos de sus decisiones, es desconocer su rol fundamental en el Estado de Derecho y especialmente en el contexto excepcional de la pandemia.
Además, las autoridades judiciales no pueden ser suspendidas, removidas de sus cargos ni separadas de las causas que tramitan, a menos que sea como consecuencia de una sanción emitida por autoridad competente, tras un proceso. Tampoco pueden ser criminalizados ni amenazados con el uso de mecanismos disciplinarios por el contenido de sus decisiones.
El organismo señaló que los juzgadores deben ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas provenientes de la propia institución judicial (independencia interna) o de los poderes ejecutivo y legislativo, u otros actores políticos y sociales (independencia externa), para poder así resolver los asuntos que conozcan basándose en los hechos y el derecho, sin restricción alguna y sin presiones.
La independencia judicial es una garantía indispensable para hacer valer los derechos de víctimas e imputados en todo proceso penal.
“En la situación excepcional de la pandemia, es fundamental reconocer a la justicia como servicio esencial, acatar las decisiones judiciales, y brindar protección especial a los operadores de justicia para que de manera independiente ejerzan su función de controlar y tutelar los derechos y libertades de las personas y grupos, especialmente aquellos que han sido mas impactados por los efectos de la pandemia”, declaró Ursula Indacochea, Directora del Programa de Independencia Judicial de DPLF.
La DPLF exhortó a los Estados de la región la adopción de medidas para la protección de la independencia judicial durante la pandemia de Covid-19.
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