La Paz, 16 de marzo (ANF).- José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, denunció el uso del aparato judicial en Bolivia para vendettas de tipo político tras evidenciar que la imputación por delitos graves en contra de la expresidenta Jeanine Añez, por parte de la fiscalía, se realizó sin aportar pruebas básicas, en franca vulneración del debido proceso.
Vivanco indicó que la situación que se está viviendo en Bolivia es muy delicada desde el punto de vista de los derechos fundamentales debido a que todo indica que se está produciendo un “rompimiento de las reglas básicas del debido proceso”, en perjuicio de la expresidenta Añez y sus ministros.
“No es posible que se imputen cargos tan serios como el de terrorismo sin aportar las pruebas más básicas (…), todo esto demuestra que se sigue una práctica muy nociva, contraria al estado derecho que es utilizar al aparato judicial, es decir a los jueces y al ministerio público, para vendettas de tipo político”, señaló Vivanco en entrevista con Asuntos Centrales.
Remarcó que la falta de pruebas exhibidas incluso en la imputación, no solo en la orden de captura, “sugiere que estamos ante una arbitrariedad, es decir ante una detención arbitraria”.
El director de HRW dijo además que hay que tener en cuenta que la figura de terrorismo en la legislación boliviana “es una figura jurídica extraordinariamente ambigua, amplia, vaga, es lo que llamamos en derecho, un tipo penal abierto, que se presta a todo tipo de arbitrariedades”.
El domingo, la jueza cautelar Regina Santa Cruz determinó detención preventiva por cuatro meses para la expresidenta Jeanine Áñez en la cárcel de Obrajes, mientras que para sus exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, el mismo tiempo en el penal de San Pedro. La imputación fiscal que valoró Santa Cruz para dictar la medida cautelar estaba basada en supuestos, refirió el activista.
Vivanco indicó que tenía la esperanza de que este tipo de prácticas no se repetirían en Bolivia, como ocurrió en los casi 14 años de gestión de Evo Morales y en los 11 meses del gobierno de Jeanine Añez, sin embargo, dijo, “estamos viendo lamentablemente que Bolivia vuelve a estas prácticas que son contrarias a un estado democrático, al estado de derecho”.
Dijo que nadie puede estar por sobre el imperio de la ley, ni la ex presidenta Añez ni sus ministros, pero si se trata de exigir sus responsabilidades por un delito, se lo debe hacer conforme a las reglas de juego que se establece en la Constitución Política del Estado, que en el caso de Añez se debe respetar su fuero como expresidenta para juzgarla.
Sin embargo, en este caso, remarcó, se ha ordenado incluso la captura de la expresidenta por un fiscal que debió haber justificado el peligro de fuga o la obstrucción de justicia, y lo cierto es que “hemos examinado esa medida y está fundada esencialmente en presunción, es algo que no es admisible en un estado de derecho, son meras presunciones, no hay evidencias, no hay explicación, no hay un esfuerzo por demostrar que era necesaria la captura de la expresidenta como también de sus exministros”.
Vivanco indicó que uno de los problemas centrales en Bolivia para que la justicia obre de esta manera es que entre el 80 y 90 por ciento de los funcionarios del Ministerio Público, así como los jueces, no tienen inamovilidad en el cargo, es decir “son interinos y pueden ser fácilmente sustituidos y eso afecta Indudablemente a la independencia judicial, donde finalmente el poder judicial termina sirviendo a los intereses del gobierno de turno”.
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