El asambleísta por el MAS, Gustavo Torrico. Foto: archivo/ANF
La Paz, 30 de diciembre (ANF).- El asambleísta departamental de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, aseguró que no recibió ninguna notificación fiscal para declarar por el denominado caso Quintana, por eso no corresponde que la Fiscalía emita un mandamiento de aprehensión en su contra.
“Hacerle conocer que no fui notificado de manera personal con ninguna orden de citación. Si es que se practicó alguna citación a nombre de mi persona, no conozco, en qué lugar fui notificado”, refiere el asambleísta en un memorial enviado al Ministerio Público, a la que tuvo acceso ANF.
Además, Torrico envió otro memorial de apersonamiento a la Fiscalía, haciendo conocer su predisposición para coadyuvar con las investigaciones e hizo conocer la dirección de su domicilio real y procesal para que lo notifiquen con algún requerimiento o citación.
Pidió al fiscal del caso requerir informes a los investigadores o notificadores sobre la fecha y lugar de la notificación que hicieron, ya que no llegó ninguna orden de citación a su domicilio.
La reacción surge, luego de que el fiscal Marco Villa anunció la semana pasada que no se descarta la aprehensión del asambleísta, debido a que no se presentó a declarar en el Ministerio Público dentro de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo.
Torrico es investigado a causa de las polémicas declaraciones que hizo el 24 de octubre, durante una entrevista en radio Patria Nueva y también transmitida por Bolivia TV, tras las elecciones generales.
En esa entrevista, el asambleísta aseguró que el partido de Gobierno de Evo Morales se defenderá contra quién sea y advirtió a las madres bolivianas, de los jóvenes que marchaban en las calles denunciando el fraude electoral, si estarían dispuestas a sacrificar a sus hijos hasta la muerte.
Gustavo Torrico explicó que no instó a la violencia sino solo expresó una opinión en su calidad de asambleísta, ante las preguntas que le hacían los periodistas sobre los conflictos sociales y políticos que atravesaba el país.
Mencionó también que tiene derecho a la libre expresión de sus pensamientos y opiniones.
En este caso son investigados los exministros Juan Ramón Quintana y Javier Zavaleta, quienes fueron sindicados por emitir declaraciones polémicas que incitaban a la violencia durante la crisis político-social en el país.
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