La presidenta del TDJ de La Paz, Carmen Del Río Quisbert. Foto: archivo/ANF
La Paz, 9 de enero (ANF).- El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz recibió un total de 267.000 casos hasta noviembre de 2016, en distintos juzgados de la urbe paceña, El Alto y provincias, de los cuales sólo resolvió 124.887, es decir el 47%, y para 2017 existen más de 142.000 casos pendientes de resolución, informó este lunes la presidenta del TDJ de La Paz, Carmen del Río Quisbert.
La Presidenta dijo que la carencia de recursos en el Tribunal es una de las causas por la cual no se puede resolver más allá del 50% de la carga procesal.
“Las cifras del movimiento estadístico nos muestran una situación de extrema preocupación. Cada uno de los jueces de este Distrito tuvo y tiene, en promedio, más de 1.100 procesos judiciales, cantidad humana y técnicamente imposible de atender en los plazos procesales previstos”, sostuvo.
Para Del Río es necesario duplicar la cantidad de jueces en el departamento, de 240 a 480, para encarar con efectividad la carga procesal anual, situación que implicaría mayor presupuesto, más infraestructura, tecnología, muebles, materiales y personal de apoyo.
“Con la reducida cantidad de jueces existentes, ni siquiera trabajando 24 horas al día y los siete días de la semana podremos saldar esa carga acumulada por décadas en los estrados judiciales, por una serie de causas de carácter estructural e integral”, lamentó la autoridad.
Añadió que la carga procesal en La Paz es la más alta del país ya que “representa cerca del 40% de las causas y es mucho más que las existentes en seis departamentos juntos: Oruro, Potosí, Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija”.
A esta situación se suma el hecho de que los casos emblemáticos o de mayor relevancia política o social ocurridos en el interior del país, se concentran en la sede de Gobierno.
La presidenta reconoció que hay jueces ímprobos que con sus acciones agravan la crisis de la justicia, pero también existen jueces, vocales y magistrados que asumen sus responsabilidades con verdadero compromiso y que en condiciones adversas trabajan para contribuir al logro de mejores niveles de seguridad jurídica del Estado.
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