La Paz, 30 de noviembre (ANF).- René Villarroel, abogado del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Santos Ramírez, informó que un juez cautelar determinó que su defendido salga de la cárcel de San Pedro en La Paz, para cumplir detención domiciliaria y manteniendo un arraigo.
Santos Ramírez podrá salir del recinto penal luego de 10 años y nueve meses de reclusión, medida que correspondería a la solicitud de cesación de detención preventiva por el caso de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, pues se habrían desvirtuado los riesgos procesales que se habían emitido en la primera resolución de ese caso, declaró su abogado, René Villarroel.
Se trataría de otro caso y no el referido al de Catler Uniservice. Además señaló que, en conversación con Ramírez, este caso lo llevó a la cárcel por un tema "netamente político y que él fue víctima del poder político de Evo Morales y Álvaro García Linera", para mantenerlo silenciado.
Santos Ramírez Valverde tenía en su contra 12 casos por corrupción, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, entre otros delitos. De estos procesos, sólo dos tendrían sentencia, por el denominado caso Catler Uniservice que derivó en una sentencia condenatoria de 12 años de prisión, en la cárcel de San Pedro de La Paz y en enero de 2016 recibió del Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz una sentencia condenatoria de un año, por la adquisición irregular de un medidor volumétrico para la Planta de almacenaje de Bermejo.
En septiembre de 2013 fue beneficiado con la detención domiciliaria dentro el caso de la empresa Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA), pero no salió del penal por la sentencia condenatoria referida. En noviembre de 2013, Ramírez declaró que los trabajadores de la estatal petrolera le instauraron nuevos procesos penales por presuntas irregularidades en la compra de indumentarias para los funcionarios cuando fungía como presidente.
El caso Catler Uniservice
En enero de 2012, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, presidido por José Luis Rivero, determinó una condena de 12 años de presidio en el penal de San Pedro para el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y ex hombre fuerte del MAS, Santos Ramírez y 11 acusados en el proceso YPFB Catler-Uniservice.
El ex presidente de YPFB fue detenido en febrero 2009, acusado de corrupción, en medio de un escándalo provocado por el caso Catler Uniservice, cuando presuntamente el ex ejecutivo de la empresa estatal iba a recibir un soborno, situación que se conoció después del asesinato del empresario Jorge O'Connor, ejecutivo de la empresa Catler, quien supuestamente era la persona que tenía que realizar el pago del soborno a Ramírez.
El caso O’Connor pasó por los tribunales de sentencia Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de La Paz; el proceso se anuló, en 2014 por la aplicación de la Ley 586 de Descongestionamiento Penal.
Tras 10 años de proceso judicial, el Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz, dictó sentencia en el caso del asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, delito que destapó uno de los hechos más grandes de corrupción en la empresa petrolera estatal conocido como Catler-YPFB, señala la información del portal Brújula Digital.
Los delitos contra los 12 acusados en este proceso son: uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, cohecho pasivo propio y asociación delictuosa.
Transcurrida una década del proceso de los 11 acusados de estar implicados en el hecho delictivo, uno se encuentra prófugo (Yerko Soto acusado de la comisión de los delitos de asesinato, robo agravado y asociación delictuosa); dos están detenidos (Rufino Rodríguez Coca y Franz Michael Rodríguez) (imputados por asesinato, robo agravado y asociación delictuosa) guardan detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, detalla Brújula Digital.
De acuerdo a la investigación el 27 de enero de 2009, se registró un atraco y la muerte del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach, días después se conoció que el caso alcanzaba a altas esferas del Gobierno e involucraba al entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez.
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