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Seguridad

5 de abril de 2020 09:49

REPORTAJE: La trata de adolescentes y jóvenes ataca a La Paz, en medio de impunidad y bajo presupuesto

Lo que más afecta a las mujeres es la trata con fines de violencia sexual comercial. De los más de 200 casos denunciados en 2019, solo 79 se registraron en la Fiscalía y el año pasado apenas hubo una sentencia. A ello se suma los bajos recursos tanto para la atención como para la investigación.

c-trata-381969-F544 Imagen ilustrativa

Por Karen Gil

La Paz, 5 de abril (ANF).- Alicia y Teresa, adolescentes alteñas de 16 años, descubrieron que el trabajo en limpieza que les ofrecieron era, en realidad, para ser meseras en un bar de la ciudad de La Paz. Lo supieron recién en el departamento del hombre que les había contactado por Facebook. Tras asustarse, las dos amigas, quienes hacía tiempo buscaban empleo para ayudar con los gastos a sus respectivas familias de escasos recursos, fueron convencidas de aceptar la propuesta.

El hombre las trasladó desde El Alto, donde fue la cita, hasta un lenocinio en la calle Juan de la Riva, de esos que hay por montones en el centro paceño. Allí, las muchachas, en un inicio, vendían cerveza, pero al ver lo poco que ganaban reclamaron y quisieron irse. El proxeneta que les contactó las retuvo y atavió con ropa ajustada. Durante tres semanas las obligó a ser violentadas sexualmente por los hombres que pagaban por ello, hasta que, a mediados de octubre de 2019, en un operativo policial fueron rescatadas y atendidas por la Defensoría municipal de la niñez y adolescencia de La Paz.

Alicia y Teresa —nombres cambiados— fueron víctimas de trata con fines de violencia sexual comercial. Este delito, que cada vez más tiene a adolescentes y jóvenes de Bolivia como sus víctimas, ataca al municipio La Paz, al parecer sin freno, en medio del bajo presupuesto para combatirlo y la impunidad contra los delincuentes.

En aumento

El avance de este crimen no se detiene en el municipio de La Paz, pues está dentro del departamento que más casos registra en todo el país. Así lo muestran las 218 denuncias de trata y tráfico, y delitos conexos, recibidas en la Policía Boliviana, en 2019, las que se incrementaron en relación a las de 2018, de acuerdo con datos del Observatorio de Trata.

Infografía ANF (1)

Si bien en los registros se menciona trata y tráfico, en realidad lo que más se denuncia es el primer tipo de delito (72%), mientras que tráfico (3%) está en cuarto lugar, después de pornografía (19%) y proxenetismo (6%) y antes de violencia sexual comercial (1%), que son delitos conexos.

La trata es el crimen que capta, transporta, traslada y acoge a una persona —a partir de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza u otro modo de imposición, amenazas, aprovechamiento de la situación de dependencia o vulnerabilidad— con fines de explotación sexual o laboral.

Este mal se concentra en el municipio paceño. Al ser sede de Gobierno es un lugar que atrae a los tratantes a partir de la demanda existente, que se refleja en la cantidad de los lenocinios en pleno centro o en zonas populares, entre otros lugares.

De esa forma La Paz se convirtió en uno de los municipios de destino de la trata interna, que es la que más prevalece en el país en comparación con la externa; pues la mayor cantidad de víctimas son bolivianas. Así lo explica la capitana Gabriela Coca, jefa de la división de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) La Paz, hasta inicios de marzo de este año.

Coca —quien trabajó la mayor parte de su carrera policial combatiendo este crimen— cuenta que, como les pasó a Alicia y Teresa, la mayoría de las mujeres de sus investigaciones fueron víctimas de trata con fines de violencia sexual comercial más que laboral.

Ahora, el hecho de que las cifras de las denuncias hayan incrementado puede ser evaluado positivamente porque significa —explican expertos en el tema— que las personas son menos tolerantes ante este tipo de delito y lo denuncian. Pero también es el reflejo de lo que ocurre en la sociedad paceña, en particular, y boliviana, en general, relacionado con las raíces estructurales patriarcales y violentas que conciben a la mujer como objeto.

“Entonces por más procesos de prevención que hagamos si no miramos estas raíces estructurales se nos hace mucho más complicado. Ese es uno de los factores de por qué no se está logrando deconstruir ese problema. Trabajamos mucho en prevención para que las posibles víctimas se cuiden mejor, pero no estamos trabajando (como sociedad) para ser menos violentadores”, explica Nancy Alé, coordinadora de Programa Tejiendo Redes Seguras (Protejeres) —iniciativa de cuatro organizaciones no gubernamentales que busca reforzar la lucha contra la trata de niñas, niños y adolescentes (NNA) con fines de violencia sexual—.

Tras las adolescentes y jóvenes

Coca explica que este delito —que entre sus características está el sacar de su contexto a sus víctimas— ataca, principalmente, a mujeres que tienen entre 16 y 25 años.

Por eso, para llegar a esta población, los modos operandi de este crimen cambiaron lo que ayuda, a su vez, a invisibilizarlo. Pues a diferencia de antes, los victimarios agilizan su cometido a través de las redes sociales y logran que las personas acepten un trabajo previo al encuentro con ellos.

“El delito ha mutado, ha cambiado. Ahora es tan fácil utilizar las redes sociales, es tan fácil manipular la información, perfiles falsos y la gente desafortunadamente (…) cae en la oferta de trabajo”, dice Coca, con la seriedad y firmeza que la caracterizan.

Ese hecho coadyuvó, por ejemplo, para que Alicia y Teresa lleguen a garras de su tratante. Una supuesta adolescente primero se contactó con una de ellas por Facebook y luego la derivó con el hombre que, más tarde, las captó, retuvo y violentó sexualmente.

Al igual que estas dos muchachas, que vivían en los márgenes de El Alto, buena parte de las víctimas de la trata proviene de familias de bajos recursos.

El estudio que realizó Protejeres explica que la pobreza es uno de los factores de riesgo; las personas vulnerables, generalmente, buscan empleo.

Otra de las características de las víctimas es que muchas viven en hogares violentos, que expulsa a las adolescentes y jóvenes, o son parte de familias con las que no tienen buena comunicación.

“Muchas adolescentes que viven en esa dinámica eligen escapar de su casa y estar en la calle que es tan agresiva y violenta, (porque) ellas refieren que su casa es mucho más violenta”, relata el director de la Fundación Munasim Kullakita (FMK), Ariel Ramírez.

Falta de presupuesto

Tras ser rescatadas por la Policía, Teresa y Alicia fueron derivadas a la Defensoría municipal de La Paz, que trabaja de forma interdisciplinaria en la atención de las víctimas de trata. Esta realizó evaluaciones psicológicas a las muchachas e inició el proceso penal en contra de sus tratantes. Además, como medida de protección, las llevó de manera provisional e inmediata al centro integral de la FMK, una de sus aliadas, para que reciban terapia psicológica. Allí estuvieron tres meses hasta que fueron reintegradas en sus hogares.

La casa de acogida de Munasim Kullaquita —Quiérete Hermanita, en aymara— es uno de los dos centros privados especializados que funcionan y albergan a adolescentes víctimas de violencia sexual en La Paz. Mientras que el único centro estatal, inaugurado en octubre de 2018, aún no brinda las condiciones necesarias para dicha atención.

Precisamente días antes del rescate de las dos amigas, la Defensoría del Pueblo corroboró que el Centro para la atención de víctimas de Trata y Tráfico de Personas y violencia intrafamiliar— dependiente de la Gobernación de La Paz— no atendía por la falta de mobiliario y profesionales especializados.

Al respecto, el director Departamental de Política Social, Eugenio Vásquez, afirma que, a fines del año pasado, se aprobó el programa para su implementación, que incluye un manual de funciones, de capacitación de personal y recursos asignados. Asegura que ya se inició el proceso de contratación de especialistas y que cuando se retomen las actividades post cuarentena, que vive el país a causa de la pandemia del coronavirus, se comenzará con la atención.

La autoridad también atribuye la falta de recursos económicos del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) —de la que depende el centro— a los recortes de presupuesto de parte del Gobierno central a la Gobernación paceña en los últimos años. Por ejemplo, dice que para esta gestión esta entidad sufrió una reducción de cerca de 4 millones de bolivianos.

Por ese y otros motivos, el nivel subnacional no está cumpliendo su rol y una de las muestras es que, hasta antes de la cuarentena, el Consejo Departamental sobre Trata y Tráfico de Personas —dicha presidencia recae en el Gobernador de La Paz— no sesionó ni socializó el plan departamental de lucha contra este mal.

“Son varias falencias a nivel presupuestario, pero también a nivel de voluntad política. Nos hace falta mucho en La Paz, cuando hablas de La Paz (la gente de afuera) piensa que se están aplicando políticas al ser sede de gobierno, pero tenemos un Consejo departamental que no funciona”, cuestiona Ramírez.

La Gobernación paceña reconoce que esa instancia tuvo algunas debilidades a causa de que la Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana —la que, dice, debiera convocar a sesionar— no cuenta con un titular estable.

“La Policía Boliviana, que está a cargo de la Dirección, tiene una dinámica acelerada en su movimiento de personal y eso dificulta generar acción institucional de plazos regularmente medianos y de carácter permanente”, explica el director de Comunicación de la gobernación paceña, Edgar Ramos.

También asegura que este año se convocó a sesionar a las 14 entidades públicas y privadas, que conforman dicha instancia, pero hubo poca respuesta, especialmente, de las instituciones privadas, por lo que se suspendió.

Pero la falta de recursos económicos no solo se evidencia al momento de la atención de las víctimas o de las tareas de prevención, sino también en el proceso de la investigación de los casos que llegan a la Policía.

Dicha entidad no cuenta con un presupuesto específico para las divisiones de trata y tráfico. Esto se debe a que la Ley Nº 263 Integral contra la Trata y Tráfico de Personas solo se limita a decir que se las fortalecerá, pero no detalla cómo. Por ello, la división de La Paz actualmente depende del monto asignado del presupuesto del Comando departamental de Policía.

Pese a ello, la esta instancia es la que más personal cuenta en el país; tiene 20 investigadores a diferencia de otros municipios, donde hay dos o cuatro o simplemente ninguno. Eso le permite tener cinco secciones: plataforma de desaparecidos, búsqueda de personas desaparecidas, investigadores, patrullaje cibernético y área de psicología.

Gracias a ello, la Policía realizó el año pasado varias investigaciones reactivas, como respuesta a las denuncias, y alrededor de un centenar de proactivas, que surgen de la labor de Inteligencia y que se materializaron en operativos. Para dicha labor, muchas veces coordina con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Comuna paceña, que a su vez el año pasado clausuró 62 lenocinios.

Sin embargo, las secciones policiales no se replican en las Estaciones Policiales Integrales (EPI) de las zonas, pues sus divisiones no tienen personal o material logístico, resalta Ramírez.

Debido a las debilidades presupuestarias, las instituciones de organización civil y el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas —instancia de coordinación y representación para formular aprobar y ejecutar la Política Plurinacional—,  elaboran un proyecto de ley modificatorio a la Ley 263, que incluirá el refuerzo de presupuesto tanto para la Policía como para los niveles nacionales y subnacionales, encargados de luchar contra ese crimen que flagela los derechos de las personas.

Entre tanto, la Policía de La Paz acude a las instituciones privadas sin fines de lucro, por ejemplo, para movilizarse a otros municipios tras el rastro de niñas o adolescentes desaparecidas. “Pero esto no solamente debes depender de las ONG si no es de la Policía, en todo caso el Ministerio de Gobierno debería elaborar un presupuesto”, cuestiona Ramírez.

La impunidad, aliada de los tratantes

Una vez que el caso de Alicia y Teresa se denunció en la Fiscalía, se realizaron las entrevistas informativas con ambas en la cámara Gesell y se logró la imputación formal contra el tratante, quien está con detención preventiva. Ahora se espera las pericias psicológicas y que este proceso llegue a la etapa de acusación.

Este es uno de los 51 procesos abiertos en la Fiscalía, que no llegan ni al 25% en comparación de las 214 denuncias reportadas por la Policía de La Paz en 2019. El Ministerio Público registró solo 79 casos, de los cuales 28 fueron rechazados o desestimados, según información proporcionada por la Unidad de Análisis del Ministerio Público.

Infografía ANF (2)

Los expertos en la temática explican que los rechazos y sobreseimientos responden a que, en la etapa preliminar, muchas veces, no se lleva correctamente el procedimiento a causa, principalmente, de la carga procesal para los dos fiscales especializados en este tipo penal.

Ramírez cuenta que, a causa de esa carga, el fiscal —quien es el director de la investigación— deja a los investigadores, algunas veces, desarrollar las acciones, lo que deriva en la existencia de evidencias inadecuadas o la ausencia de una buena cadena de custodia de las mismas. Eso causa que el caso se caiga. “Por ello, varios de los casos que llegan a la Fiscalía no pasan a juicio”, dice.

Esto se evidencia con el estado de los procesos abiertos el año pasado en el Ministerio Público de La Paz; según los datos, solo hay un caso en juicio y tres en etapa preparatoria.

Sin embargo, el coordinador de la Fiscalía departamental de La Paz, Sergio Bustillos, desmiente que haya recarga procesal y que el problema de que las denuncias no lleguen a acusación o terminen con resolución de rechazo se debe a que la parte demandante no hace seguimiento correspondiente.

“Eso es por la falta de prueba del Ministerio Público, porque, pese a ser directores funcionales de las investigaciones y habiendo requerido todas las diligencias, requisitos y directrices necesarias para llevar una investigación correcta, idónea, proba y objetiva, no tenemos la ayuda de la víctima o del denunciante para tener una teoría del caso e irnos a un juicio oral”, argumenta.

La Defensora municipal de la Niñez y Adolescencia, Jacqueline Llanos, explica que la falta de seguimiento por parte de las víctimas se debe a que los procesos se dilatan mucho tiempo, en el que las adolescentes cumplen mayoría de edad o se van a otros lugares.

“Con la Fiscalía en un primer momento se ha dado la prioridad, pero, muchas veces, al ser procesos largos en los que se tiene que tener fundamentos que se deben contrastar, para llegar a juicio y lograr una sentencia pasan dos o tres años. Muchas veces la Defensoría y la Fiscalía vamos solos (al juicio), sin víctimas”, explica.

Además del tiempo, otro de los motivos de que las víctimas no continúen con el proceso es que muchas de las adolescentes y jóvenes rescatadas no se consideran víctimas.

“Cuando se las trasladan de un lugar a otro ejercen la prostitución, y ellas no se reconocen como víctimas; creen que estaban haciendo un trabajo normal y que por el contrario nosotros vinimos a perjudicar ese ingreso económico, por lo que hay que trabajar para hacerles comprender su rol dentro de ese ilícito”, detalla.

Todos los elementos hacen que la cantidad de sentencias del delito de trata y tráfico sea ínfima. Por ejemplo, en 2019, cuatro casos llegaron a juicio y hubo tan solo una sentencia, de acuerdo con los datos del Consejo de la Magistratura, incluidos en el informe preliminar de Información y estadísticas de trata y tráfico de personas en Bolivia, de abril 2019 a inicios de marzo de 2020, elaborado por el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas y al que se accedió para este reportaje.

Este panorama no ha cambiado en comparación con 2018, por ello en el decimonoveno Informe Anual sobre la trata de persona del Departamento de Estado de los Estados Unidos se afirma que “el Gobierno de Bolivia no cumple con los estándares mininos para la eliminación de la trata de personas, pero está realizando importantes esfuerzos para lograrlo”.

Los especialistas en trata aseguran que la falta de sentencias se da porque hay impunidad en el país, que les ofrece carta libre a los tratantes para perpetuar este delito. Por ello, las denuncias suman y La Paz no ha dejado de concentrar el 45% de las denuncias en los últimos 10 años.

“Los índices aumentan, pero no pasa nada porque éste es un Estado proxeneta (…) los que trabajamos en trata y tráfico hasta conocemos a los tratantes pero ¿les van hacer algo?”, preguntó sin miedo y en voz alta una activista especialista en atención a víctimas, durante el lanzamiento oficial de Protejeres.

La pregunta queda abierta. Entre tanto, se espera que el caso de Teresa y Alicia no sea uno que dé la razón a la activista y que, una vez terminadas las restricciones por la cuarentena, el proceso de este caso, que fue encontrado infraganti, sea sobreseído o rechazado.

*Esta investigación fue elaborada en el marco del Fondo de Apoyo Periodístico “La Paz y Tarija a través de nuevas miradas”, que impulsan la Fundación Para el Periodismo y el Observatorio La Paz Cómo Vamos, con el apoyo de ONU Hábitat.

///ANF



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