Autoridades de diferentes órganos que presentaron el proyecto de Ley. Foto: Ministerio de Justicia.
La Paz, 23 de octubre (ANF).- El proyecto de Ley de Abreviación Procesal Penal, elaborado por diferentes órganos del Estado, fue presentado este martes ante la opinión pública, principalmente, con el objetivo de reducir las detenciones preventivas y agilizar los procesos en el marco de los mecanismos para enfrentar la retardación de la justicia.
Inicialmente –según el ministro de Justicia, Héctor Arce– se propone que todas las notificaciones ya se realicen por la vía informática.
Pues hasta ahora “parece que al interior de las casas de justicia los avances tecnológicos no habrían llegado porque las notificaciones siguen realizándose de manera personal llevando hojas y generando mayor tardanza en la administración de la justicia, pero esta situación va a terminar porque las notificaciones se empezarán a realizar de manera informática (…) por correo electrónico”, dijo.
Frente a la práctica constante de la dilación en los procesos judiciales, mediante la presentación continua de excusas o recusaciones a jueces, se plantea que cuando eso ocurra se realice de inmediato un nuevo sorteo de juez evitando la actual situación de la remisión directa del caso a un juzgado de número siguiente.
“Además hay un elemento importantísimo en el proyecto y es el referido a la imputación que realiza el fiscal. (Se propone) que el fiscal establezca un plazo de duración de la detención preventiva que solicitó y este tema es fundamental porque ahora los fiscales imputan y piden detención preventiva sin establecer un tiempo, sin establecer qué es lo que van a investigar durante el tiempo de la detención preventiva, pero esta situación con este proyecto va a concluir”, remarcó.
La iniciativa también busca el aumento de las causales de improcedencia de la detención preventiva en determinados casos.
Por ejemplo, se propone que no proceda la detención preventiva para personas mayores de 65 años, para las que tengan una pena igual o menor a cuatro años, para las implicadas en delitos de contenido patrimonial (cuando exista conciliación y no afecte a la parte), en los casos de mujeres embarazadas y para las que tengan una custodia única de un niño.
Sin embargo, “se contemplan algunas excepciones (en casos de) delitos contra la libertad sexual, delitos de contenido patrimonial que se ejerzan con violencia física y delitos de corrupción”, aclaró Arce.
El proyecto de Ley pide que la apelación contra la detención preventiva sea conocida por un solo vocal y no como en la actualidad por un tribunal de sala. Asimismo, se quiere obligar al fiscal y juez a promover las salidas alternativas del proceso judicial para que no sean solamente un mecanismo opcional.
Del mismo modo, se plantea la reducción del plazo para el tratamiento de todas las salidas alternativas (cesación a la detención preventiva) de cinco días a 48 horas, y se impulsa que una vez iniciado el juicio, el mismo se desarrolle hasta su conclusión en el marco de un principio de continuidad.
“Ahora empieza el juicio, luego se fija la siguiente audiencia para otro mes y así (nunca) terminan los juicios. Pero con esta ley se (ordenará) que empiece hoy, continué mañana, pasado y (si es posible) hasta sábados y domingos hasta su conclusión”, señaló.
Las audiencias, con la vigencia de la nueva normativa, ya serán digitalizadas en audio y video para que se reemplace el acta, con el mismo objetivo de acelerar los procesos.
“Las sentencias serán emitidas inmediatamente después de finalizada el juicio; se creará un procedimiento especial para la aplicación de medidas de protección a favor de niños y adolescentes que podrá ser aplicado en primera instancia por el fiscal y la policía; y se restablecerá la visita a cárceles por parte de tribunales departamentales de justicia y el Ministerio Público para la identificación de personas detenidas indebidamente, para escuchar las quejas de los internos y dar soluciones inmediatas”, acotó.
Pero otro elemento que también resalta en el proyecto es la creación de las oficinas gestoras de los procesos.
“Habrá una oficina gestora que se encargará de señalar las audiencias a los jueces, con esta medida los jueces ya no podrán manipular como ahora señalando las audiencias (con diferencia de sólo minutos) y seguir postergando durante meses”, afirmó.
Finalmente se ha planteado la posibilidad de reducir los tribunales de sentencia de tres personas a tribunales unipersonales haciendo una clasificación por delitos más graves y menos graves.
Aunque en este punto, según reconoció el Ministro, no hubo un acuerdo mutuo entre los órganos que elaboraron el proyecto. Por tanto, “este será un tema que se analizará a profundidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)”, subrayó.
El proyecto será remitido en las próximas horas a la ALP para su tratamiento y posterior aprobación.
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