Franclin Gutiérrez, presidente de Adepcoca junto a otros implicados en el caso de La Asunta, el 13 de agosto. Foto: Fiscalía
La Paz, 5 de septiembre (ANF).- Tras dos suspensiones seguidas, la Fiscalía fijó para este viernes, a las 11.00, la inspección técnica ocular en el municipio de La Asunta por el caso de la muerte del teniente Daynor Sandoval, en la presunta emboscada registrada en 2018, y por el cual el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, Franclin Gutiérrez, se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro.
La decisión fue asumida por el equipo de fiscales que investigan el caso y que establecieron que los denunciantes y los denunciados, así como sus abogados, deben asistir a la comunidad San Antonio del municipio paceño de La Asunta para dicha inspección.
El 14 de agosto, el fiscal Alexis Vilela informó que se suspendió por segunda vez la inspección ocular en La Asunta por el caso de la muerte del policía Sandoval a petición de Gutiérrez, debido a que la fecha coincidía con la fiesta patronal de ese municipio y que podría haber dificultades.
La primera suspensión de dicho acto investigativo se registró el 5 de agosto debido a que se recibió una carta del Comando de la Policía en el que se establecía —según informes de inteligencia— que no se garantizaba la seguridad de las partes en el lugar de la audiencia, aunque dicho reporte no estaba completo.
Para la tercera convocatoria a dicha inspección, el Ministerio Público pidió al Comando Departamental de la Policía la presencia de efectivos para garantizar la seguridad física de las personas que intervienen en el caso.
El 25 de agosto de 2018, el policía Sandoval falleció por un impacto de bala y otras siete personas resultaron heridas en una supuesta emboscada de los productores de hoja de coca. Por este hecho, el presidente de Adepcoca fue aprehendido y lleva un año encarcelado en el penal de San Pedro.
Gutiérrez es acusado por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, atentados contra los servicios públicos, atentados contra los servicios de transporte, porte y portación ilícita de armas, además de instigación pública a delinquir.
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