La Paz, 4 de mayo (ANF).- Por la inacción de las autoridades de gobierno ante casos de gangrena por diabetes y enfermedades crónicas en las cárceles del país, y en particular en el penal de Palmasola, la Asociación de Víctimas Judiciales pidió la ayuda de los organismos internacionales para socorrer a los pacientes críticos que día a día por falta de atención especializada ponen en riesgo sus vidas.
“Solo queda aceptar está realidad (de inacción de las autoridades) o la posibilidad de solicitar ayuda humanitaria y de salubridad a los organismos Internacionales”, escribió la Asociación en su cuenta de Facebook.
En este momento existen enfermos de alto riesgo en la cárcel de Palmasola que no son atendidos, denunció la Asociación, e instó a las autoridades de salud a que procedan de forma inmediata a la atención humanitaria y de emergencia para los privados de libertad que se encuentran en alto riesgo de contagio, en medio de la pandemia del coronavirus.
Desde el 21 de marzo Bolivia acata la cuarentena total nacional en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19. La población carcelaria es una de las más vulnerables por el hacinamiento y las críticas condiciones de salubridad en que se encuentra recluida.
La Asociación mostró fotos en las que se ve a internos con gangrena expuesta producto de la diabetes que no es atendida. Así como ellos, existen otros enfermos crónicos, principales candidatos a ser víctimas mortales del coronavirus.
“Están subestimando demasiado la atención prioritaria de los enfermos crónicos, ellos también tienen derecho a la vida y a la salud, son seres humanos que no pueden esperar formalismos y protocolos para ser atendidos”, demandó la Asociación que es presidida por la activista Isabel Avendaño.
“¿Cuándo piensan evacuar a los privados de libertad a la atención sanitaria de emergencia y humanitaria? Esta es la realidad del día a día ¿Cuántos dedos, pies y piernas más tienen que arrancarles de sus cuerpos por peligro de muerte a los enfermos diabéticos crónicos con gangrena?”, se lee en el comunicado.
La Asociación advierte discriminación y aporofobia (fobia a las personas pobres o desfavorecidas) de parte de los servidores públicos y las autoridades hacia los internos, que viven en condiciones muy precarias en las cárceles que el Estado administra.
“La mayoría de los administradores públicos siente rechazo por los privados de libertad, sin darse cuenta que con el hecho de ignorar esta realidad incumplen en sus deberes y ocasionan más daños a los internos; ellos no sienten piedad ni compasión con los presos por el solo hecho de ser seres de las cárceles”, refiere el comunicado.
Ante la incapacidad del Estado y sus autoridades, la Asociación reiteró el pedido de ayuda humanitaria y solidaridad de los organismos Internacionales.
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