La Paz, 13 de marzo (ANF).- La Policía Boliviana está en la mira de la población, tras revelarse escándalos donde varios uniformados resultaron implicados en hechos de violación (Beni), robo agravado (Potosí), corrupción (La Paz), contrabando y cobros ilícitos (Oruro). Para el comandante de la Policía, general Rómulo Delgado, estos casos son hechos aislados que no serán encubiertos.
“La Policía Boliviana está preocupada por estos hechos aislados que se dan, que están siendo investigados para que se puedan esclarecer (…), la Policía no va a contemplar ninguna situación de encubrimiento a aquellos funcionarios que están involucrados en estos hechos delictivos. La Policía está marcando como objetivo principal investigar cualquier hecho en el que se encuentren involucrados policías”, señaló Delgado.
Corrupción en Anapol
A inicios del año, padres de familia denunciaron irregularidades en el proceso de admisión a postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol).
La Fiscalía y la Policía investigaron el hecho y detectaron que varios postulantes que reprobaron habrían pagado entre 10 mil a 18 mil dólares para ingresar a la institución. Para ello la empresa encargada de las evaluaciones habría manipulado datos de las pruebas en presunta complicidad de altos jefes policiales.
El caso sigue en investigación y a la fecha fueron detenidos preventivamente el general Juan José Liseca (exinspector de la Policía), el general Vladimir Quiroz (exrector de la Universidad Policial-Unipol), coronel Vicente Quinteros (vicerrector de la Unipol), el teniente coronel Héctor Hugo Illane (asesor jurídico de la Anapol) y un teniente de la Policía.
Al menos 94 uniformados vinculados al contrabando
Desde octubre de 2018 se investigaba al entonces comandante departamental de la Policía de Oruro, coronel Rommel Raña, por presuntos cobros ilícitos a policías a cambio de destinarlos en puestos de control fronterizos; además Raña fue denunciado porque sería líder de una red integrada por policías y particulares que operaba desde enero de 2018 en Oruro, cobraban dinero a choferes de camiones a cambio de facilitarles el tránsito libre con mercadería de contrabando.
En esta red estarían implicados al menos 94 uniformados, que junto a particulares recaudaban 147 mil dólares cada mes en coimas por dejar pasar vehículos de contrabando.
La Fiscalía investiga el caso. Raña fue aprehendido el pasado jueves, pero el exjefe policial logró hacer anular la orden de aprehensión en su contra. El próximo martes se llevará la audiencia de medidas cautelares del excomandante donde se definirá su situación jurídica.
11 policías implicados en violaciones
Hace unos días salieron a la luz dos casos de violaciones a mujeres por parte de policías en carceletas.
El primer caso ocurrió en la carceleta del municipio de Rurrenabaque. Una ciudadana brasileña denunció haber sido vejada sexualmente por efectivos policiales. El caso está en investigación y al momento hay ocho uniformados vinculados.
A la luz de este hecho, otras dos mujeres denunciaron que fueron violadas por los policías Edwin T. C. el subteniente Alan A. y acosadas por el sargento Franklin C.; estos hechos se registraron entre 2015-2018. La Defensoría del Pueblo investiga estos casos.
Cinco uniformados encarcelados por robo
Hoy la justicia dispuso la detención preventiva para el teniente Imar Hernán Ch. V., los policías Wilson R. T., Alfredo Eddy P. A., Richard C. L. y el cabo Alfredo P., implicados en los delitos de robo agravado, asociación delictuosa, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
En febrero, dos ciudadanos chilenos, uno de ellos Sebastián Leiva (conocido como Cangri), fueron hallados muertos en Uyuni, Potosí. Las primeras sospechas dieron cuenta que ambos fueron asesinados y sus cuerpos botados en el suelo para robarles el motorizado en el que viajaban.
Se presume que los cinco policías tenían conocimiento del paradero del vehículo en el que viajaban los ahora fallecidos y no reportaron ese hecho, al contrario, el teniente Imar Hernán Ch. V. pretendía comprar ese motorizado.
El caso está en investigación.
Cuestionada sentencia contra un subteniente en caso UPEA
Los primeros días del mes se conoció que el subteniente Cristian Casanova se sometió a proceso abreviado y fue condenado a cinco años de prisión en el penal de San Pedro por la muerte de Jonathan Quispe Vila, estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Los familiares de la víctima y la UPEA cuestionaron esta medida y denunciaron que los fiscales y jueces actuaron a sus espaldas, modificaron el delito contra Casanova de asesinato a homicidio, y le dieron la mínima sentencia.
Los afectados anunciaron apelar la sentencia porque consideran que Jonathan fue asesinado, por eso el culpable debe ser sancionado con la máxima pena.
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