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Seguridad

9 de agosto de 2022 21:18

Pasaron más de 10 años del asesinato de Juana Quispe y el inicio del juicio oral se suspende

Quispe en vida denunció ante todas las instancias legales pertinentes que era víctima de amenazas de muerte y acoso y violencia política, sin embargo, ninguna de las instancias le dio protección y menos garantías para proteger su vida.

JQ Imagen ilustrativa
SEPTIEMBRE 1
La Paz, 9 de agosto (ANF).- Transcurrieron más de 10 años del asesinato de la concejala Juana Quispe y la primera audiencia del juicio oral para procesar a sus victimarios fue suspendida por la ausencia del fiscal y los acusados. 

La familia junto a la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), organizaciones de mujeres y activistas, reclaman justicia y cárcel para los presuntos responsables y enemigos declarados de la víctima: el entonces alcalde de Ancoraimes, Félix Huanca y Pastor Cutili y Basilia Ramos, presidente y vicepresidenta del Concejo Municipal, respectivamente.

“Es una maniobra conocida del acusado Félix Huanca, dos veces logró hacer anular su acusación”, señaló a ANF Eulogia Tapia, integrante del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres.

El proceso que lleva una década en impunidad afrontó dos momentos en los que la imputación contra los responsables fue anulada. 
El Tribunal de Sentencia Cuarto en lo Penal de La Paz señaló como fecha de inicio del juicio oral el viernes 5 de agosto, sin embargo, una vez instalada la audiencia virtual, la juez Inés Tola resolvió la postergación de la audiencia para el 30 de agosto.

“Esto supone que nuevamente los acusados están recurriendo a la misma estrategia de los dos juicios anteriores, pretendiendo nuevamente burlar la justicia”, señaló el Observatorio que solicitó al Tribunal “instalé el juicio de manera presencial para que se actué con transparencia y celeridad que este acaso amerita”.

Exige además al Tribunal cumplir con las fechas y plazos establecidos, respetar el debido proceso, no incurrir nuevamente en retardación de justicia y recoger las recomendaciones al Estado boliviano dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH destacó que el caso del asesinato de la concejala Juana Quispe “refleja muchas de las fallas estructurales que subsisten en instituciones y normativas del Estado”, destacó la aprobación de la Ley contra el acoso y violencia política, pero recomendó “reforzar su implementación efectiva con miras a erradicar la violencia política contra las mujeres y garantizar su pleno ejercicio, sin discriminación, a sus derechos políticos”.

Quispe en vida denunció ante todas las instancias legales pertinentes que era víctima de amenazas de muerte y acoso y violencia política, sin embargo, ninguna de las instancias le dio protección y menos garantías para proteger su vida.

/ANF/




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