Ingreso a la cárcel de San Pedro. Foto: ANF
La Paz, 27 de julio (ANF).- La Organización Mundial contra la Tortura (OMT) expresó su profunda preocupación por la grave situación sanitaria en los centros penitenciarios de Bolivia, así como por las consecuencias sociales que ésta viene generando dentro de los recintos, donde se observa aumento de situaciones de violencia.
La organización observa “negligencias” del Gobierno en la protección de los presos ante la Covid-19 que pone en riesgo vidas y a toda la población penitenciaria. En Bolivia se contabilizaron al menos 159 presos infectados de Covid-19 y 40 fallecidos.
“La ausencia de medidas efectivas para reducir el extremo hacinamiento en las cárceles de Bolivia, la precariedad de la atención médica en el ámbito penitenciario y la falta de seguimiento y aislamiento adecuados de las personas infectadas de Covid-19 tiene consecuencias fatales para las personas privadas de libertad y para el conjunto de la comunidad”, señala el pronunciamiento de la OMT.
Con el objetivo de reducir la población carcelaria ante la actual crisis sanitaria de Covid-19, agrega, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó, el 4 de mayo de 2020, el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y de Emergencia Nacional, sin embargo, “esta medida se ha mostrado totalmente ineficaz para reducir los preocupantes niveles de sobrepoblación en las cárceles bolivianas, hecho que ha tenido un profundo impacto en el derecho a la salud y en las vidas de las personas privadas de libertad, sus familias, el funcionariado penitenciario y el conjunto de la comunidad”.
La OMT considera que las previsiones de aplicación de amnistía e indulto introducidos por el Decreto Presidencial “son excesivamente restrictivas”, en tanto que no reflejan la realidad de la población carcelaria boliviana.
En este sentido, refiere, en primer lugar, a pesar de que el 66% de personas privadas de libertad se encuentra en prisión preventiva, “solo un número reducido de ellas han podido beneficiarse de indulto o amnistía, dado que los delitos de los cuales se los acusa no figuran en las previsiones del Decreto Presidencial”.
En segundo lugar, indica, añadido al hacinamiento, los centros de detención y cárceles del país presentan altos niveles de insalubridad, así como una atención médica precaria.
“Ante la actual crisis sanitaria, dicha situación se ha traducido en la imposibilidad de adoptar medidas adecuadas y eficaces de prevención del contagio de Covid-19, que incluyen, entre otros, el aislamiento de personas infectadas o sospechas de haber contraído la enfermedad, el respeto a las medidas de distancia física o la provisión de productos de higiene”, se lee en el comunicado.
En este contexto, señala que el reciente cese por parte del Ministerio de Gobernación de 70 profesionales de la salud y de la psicología especializados en la atención a personas privadas de libertad “no hace más que ahondar la situación de extrema vulnerabilidad de las personas detenidas y supone una vulneración de su derecho a la salud”.
Por esos motivos, la OMCT urge a las autoridades de Bolivia a modificar el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto por razones Humanitarias y de Emergencia Nacional con el fin de asegurar que un número más elevado de presos puedan beneficiarse de medidas alternativas a la pena privativa de libertad, y a tomar las medidas necesarias para garantizar de manera efectiva el derecho a la salud de las personas detenidas en el país en el actual contexto de crisis sanitaria, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) trabaja junto con las más de 200 organizaciones que conforman la Red SOS-Tortura para acabar con la tortura, luchar contra la impunidad y proteger a las personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo.
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