Ramiro Guerrero. Foto de archivo: Correo del Sur.
La Paz, 12 de septiembre (ANF).- El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, ratificó este martes que ningún representante del Ministerio Público ingresará a la población de Achacachi hasta que no se solucione el conflicto municipal.
“Esta gente de Achacachi nos dice que entremos a investigar, que mandemos fiscales a indagar a ese municipio sobre las supuestas irregularidades que hubieran existido, (pero) cómo quieren garantizar eso si a nuestros fiscales, en nuestras propias oficinas (de La Paz), les agreden, les acosan y les hacen corretear”, aseveró.
Ayer, un grupo de pobladores de Achacachi logró ingresar al edificio de la Fiscalía en La Paz en busca de una reunión con el fiscal departamental, Edwin Blanco, para que los investigadores finalmente ingresen al municipio en conflicto a indagar las denuncias de presunta corrupción que pesan en contra del alcalde Édgar Ramos.
Al no conseguir su objetivo, los movilizados de Achacachi terminaron por pedir la renuncia del fiscal Blanco, a quien también acusan de estar parcializado con el alcalde Ramos.
“¿Así quieren que nosotros entremos a investigar al municipio de Achacachi? Imagínense si mandamos dos o tres fiscales a ese municipio, ellos pueden ser hasta secuestrados, puede (ocurrir) cualquier situación, entonces por un tema de responsabilidad, desde la Fiscalía General se ha instruido que no ingrese absolutamente nadie, mientras no se solucione y no se pacifique la situación”, remarcó Guerrero.
Agregó que su autoridad no puede “arriesgar la vida de los fiscales” cuando no hay garantías para realizar las investigaciones en Achacachi.
Además “quiénes son ellos para pedir (la destitución del fiscal Blanco), que ellos solucionen sus problemas donde corresponde, que no inmiscuyan a la Fiscalía”, manifestó Guerrero, a tiempo de anunciar que el Ministerio Público ya tiene plenamente identificados y con fotografías a los que entraron a las oficinas de la institución.
Los pobladores de Achacachi mantienen un bloqueo indefinido de carreteras desde el pasado 22 de agosto en demanda de la renuncia del alcalde Ramos, acusado de actos de corrupción, y la liberación de tres detenidos por los hechos de violencia de febrero.
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