La Paz, 15 de enero (ANF).- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, cuestionó hoy la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgar medidas cautelares a favor de los abogados Mary Carrasco y Juan Alipaz, en el caso “Porvenir”. La autoridad manifiesta que este organismo internacional nunca se pronunció en otras vulneraciones a los derechos en estos 14 años, durante el gobierno de Evo Morales.
“Realmente es asombroso. Hemos visto a la CIDH, en este caso por ejemplo de la doctora Carrasco que ha llevado adelante un juicio para el gobierno torcido, mentiroso, ha encarcelado 11 años a Leopoldo Fernández, ha usado el odio, el rencor, no ha sido profesional en su manejo y ahora resulta que piden medidas cautelares para ella, espero que no pidan para todos los delincuentes que hay en este país”, dijo Murillo en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.
Hace unos días se conoció que el 29 de noviembre la CIDH recibió una solicitud de estas medidas cautelares de parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para esta adopción de “medidas de protección necesarias para garantizar los derechos de las dos personas mencionadas que representan a las víctimas en un proceso penal de la denominada ‘Masacre de Porvenir’, en el marco del cual estarían siendo objeto de hostigamiento y amenazas contra su vida”.
Tras la evaluación de este caso, se valoró los antecedentes y tomó la determinación, tal como señala la resolución: “La Comisión solicita al Estado Plurinacional de Bolivia que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Carrasco y Alipaz”, considerando que existirían los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, según señala el art. 25 de su Reglamento.
“Realmente es asombroso. Yo me pregunto ¿dónde estaba la CIDH en el caso Chaparina, de Franklin Gutiérrez, de la Calancha, de ‘Chonta’ Pinto? o es que Derechos Humanos solamente atiende a los delincuentes y a los narcotraficantes, los corruptos, los que han defendido el narcotráfico y el crimen estos 14 últimos años en Bolivia”, dijo el Ministro en conferencia de prensa al momento de descalificar la decisión de otorgar protección a una abogada, que fue cuestionada por la forma en que llevó adelante el caso de las muertes en Porvenir, el 2008.
El 9 de diciembre la justicia boliviana determinó otorgar libertad irrestricta al exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, acusado de los hechos de septiembre de 2008 en Porvenir, cuando hubo varios fallecidos durante los enfrentamientos entre campesinos y funcionarios de la entonces Prefectura de Pando.
Estuvo encarcelado con detención preventiva entre 2008 y 2013. Posteriormente se le otorgó detención domiciliaria. En total, fueron 11 años con restricción a su libertad.
Carrasco, desde un inicio, aseguró que era culpable y encaminó el proceso en favor de quienes aseguraron ser víctimas de estos hechos. Desde la Fiscalía se solicitó incluso la pena de 30 años para Fernández.
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