La Paz, 12 de julio (ANF). – El expresidente Carlos Mesa afirmó este jueves que el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, “tergiversó el testimonio” del exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé sobre el caso Quiborax.
Mesa acusó a Guerrero de ser el “brazo operativo del Ministro de Justicia” y remarcó que “no podrá falsear la verdad y menos usando a su antojo lo declarado por el exgobernante Rodríguez Veltzé”.
Esta reacción surge después de que Guerrero señaló que los saneamientos realizados por Rodríguez Veltzé al proceso de expulsión de la empresa Quiborax son “lapidarios” para Mesa.
“El Fiscal manifiesta su abierta parcialidad en mi contra, al hacer declaraciones sobre el contenido de la (información de Rodríguez) cuando ya no tiene atribución ni competencia para seguir con investigaciones preliminares, una vez que formuló el requerimiento acusatorio (en mi contra)”, agregó el también vocero de la demanda marítima.
Rodríguez Veltzé, en su declaración escrita sobre el caso Quiborax, informó que la actuación de su gobierno se concentró en restablecer el “principio de legalidad” en la conducción de la actividad del Estado boliviano en el procedimiento de recuperación de las concesiones mineras ubicadas en el Salar de Uyuni.
Para ello, la administración de Rodríguez Veltzé abrogó un decreto de Mesa porque adolecía de “deficiencias jurídicas insubsanables debido a que el Código de Minería no prevé la revocatoria de concesiones mineras”.
“Mi gobierno no ingresó al mérito de las razones por las que se dispuso la nulidad de las concesiones, cumplió con el deber administrativo de sanear los procedimientos en resguardo del principio de legalidad que garantiza el sometimiento de autoridades y administrados al orden legal”, sostuvo.
Mesa indicó que Rodríguez, al afirmar que saneó los procedimientos en resguardo del principio de legalidad, “obviamente se refiere a la decisión de abrogar mi decreto supremo por el uso del término ‘revocar’ en lugar de ‘anular’”.
“Pero lo verdaderamente importante (de su testimonio) está en el fondo de sus palabras, cuando indica que su gobierno ‘no ingresó al mérito de las razones por las que se dispuso la nulidad de las concesiones’. Pues reconoce algo fundamental, que en mi gobierno la Superintendencia de Minas el 28 de octubre de 2004, apegada estrictamente a derecho a través del Código de Minería, anuló las concesiones de la empresa (extranjera) saneando la forma de mi DS 27589. Por esa razón Rodríguez mantuvo la decisión de la Superintendencia de Minas de anular las concesiones y expulsar del territorio nacional a (esa empresa)”, apuntó.
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