La Paz, 19 de mayo de 2022 (ANF).- Lograr una sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto contra un feminicida no es justicia si quedan huérfanos a su suerte con una madre muerta y un padre en la cárcel y sin el apoyo del Estado, señala Marcela Molina, directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
“No es suficiente el dictamen de la sentencia judicial para obtener justicia”, remarca la profesional en entrevista con ANF y refiere que muchas abuelas que se quedan a cargo de sus nietos carecen de recursos económicos y capacidad para ofrecerles un desarrollo adecuado frente a la tragedia.
La ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia señala en su artículo 36 que las hijas e hijos menores de edad, huérfanos -del feminicidio- deben ser puestos “de inmediato bajo custodia de los abuelos u otro familiar cercano por línea materna”, y de no haber este vínculo, van directamente a los centros de acogida estatales.
Molina resalta que los centros de acogida son instituciones con una serie de falencias que no garantizan el desarrollo integral de los menores de edad, que además al cumplir los 18 años deben abandonar el lugar.
Entonces, “no está garantizada su situación ni en la familia materna ni en los centros de acogida”, concluye Molina, quien junto a dos colegas lideró la investigación “Huellas del Feminicidio: hijos, hijas y familias de mujeres víctimas”.
La presidenta del Colegio departamental de psicólogos de La Paz y especialista en psicología forense, Verónica Alfaro, dijo en una entrevista con ANF que los niños afectados por las muertes de sus madres a manos de sus padres, requieren de un seguimiento terapéutico por años para poder sobrellevar “las afectaciones tan devastadoras” que sufrieron. Alertó sobre serios trastornos psicológicos y comportamientos “muy desagradables” dentro de unos años de no brindarse las terapias a estas también víctimas del feminicidio.
Indicó que el apoyo psicológico que se otorga a los infantes es mediante las defensorías que están “totalmente saturadas, por lo que no podrían abarcar este tipo de casos tan complicados”, a no ser que el seguimiento lo realicen unidades exclusivas por la dedicación que se requiere.
Molina refiere, de acuerdo al estudio realizado, que las abuelas que deben encargarse de los nietos son generalmente personas mayores y de escasos recursos, que no saben leer ni escribir y los niños bajo su tutela “sufren porque no hay quién les oriente ni quién les brinde la protección que se requiere en su desarrollo integral: no tienen educación, no tienen vivienda, no tienen asistencia familiar”.
Dice que muchas abuelas viven en alquiler y no gozan de ninguna pensión y en esa precariedad deben cuidar a sus nietos. A estas familias, agrega, “el Estado debería otorgarles una vivienda para que estos niños tengan un techo donde crecer, acceso a la educación primaria, secundaria y universitaria o superior, para que logren su profesionalización”.
La investigadora advierte que el cuidado de los niños es una responsabilidad que asumen los abuelos que ya han pasado por la etapa y la responsabilidad de cuidar a sus hijos y ahora vuelven a la tarea de cuidado con los nietos.
En julio de 2019, la Defensoría del Pueblo, ante la situación de desprotección y repercusiones negativas que deja en la vida de niñas, niños y adolescentes el asesinato de sus madres, elaboró un proyecto de ley que fue remitido a la Asamblea Legislativa. En el propone que el Estado otorgue asistencia económica e integral para las hijas e hijos víctimas de este delito, a fin de asegurar que tengan un nivel de vida adecuado y que no se vea afectada la evolución paulatina de sus capacidades cognitivas, afectivas, emocionales, espirituales y sociales.
Casi tres años después, el proyecto no fue tratado ni aprobado. En febrero de este año, las familias de víctimas de feminicidios hicieron una propuesta parecida y llevaron un documento a la primera reunión de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, pero no fueron recibidas.
Molina indica que la Ley 348 se ha dirigido a prevención -que no la cumple- y a la sanción de la violencia contra las mujeres, “pero no ha establecido qué pasa con los hijos víctimas del feminicidio, la ley tendría que complementarse pensando en estos niños que son, en este caso, la consecuencia que deja un hecho de feminicidio”.
De acuerdo al Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, la mayoría de los huérfanos son menores de edad. Eulogia Tapia, activista e integrante del Observatorio, dijo que en 2019 hubo 125 niños que quedaron en la orfandad y en 2020, 78. En los últimos seis años, de acuerdo al Observatorio, más de 600 adolescentes y niños quedaron huérfanos por los feminicidios.
La Fiscalía General del Estado informó que entre el 1 de enero de 2020 al 8 de marzo de 2022 se investigaron 238 casos de feminicidio y solo 85 llegaron a sentencia ejecutoriada.
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