El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. Foto: FGE
La Paz, 19 de febrero (ANF).- El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa se presentó este miércoles ante el Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados e interpuso un incidente de actividad procesal defectuosa porque considera que el proceso activado en su contra carece de formalidades legales. En ese sentido, el Fiscal General no declaró y se acogió al derecho a guardar silencio.
Lanchipa fue involucrado por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley, por una denuncia presentada por ciudadanos bolivianos a través de la Defensoría del Pueblo. La investigación fue activada por los diputados y se convocó a declarar al Fiscal General.
“Nos hemos hecho presentes ante este Comité para prestar nuestra declaración en un proceso que se ha iniciado contra mi autoridad”, refirió el fiscal general.
Mencionó que la nota leída durante su presencia en el Comité no es una denuncia, sino una cronología elaborada por unos ciudadanos y que se presentó a la Defensoría del Pueblo, y esta instancia la presentó como denuncia ante el Legislativo.
Lanchipa dijo que la nota es imprecisa, confusa, no genera ningún elemento para contrarrestar o rebatir, al contrario, vulnera el derecho a la defensa, por eso se acogió al derecho al silencio.
“Bajo ese argumento nosotros hemos presentado ante la Comisión de Constitución un incidente de actividad procesal defectuosa denunciando precisamente estos elementos que no garantizan el ejercicio del derecho a la defensa, bajo ese preámbulo es que nosotros hemos también el derecho constitucional de guardar silencio”, apuntó.
Para Lanchipa este proceso carece de formalidades establecidas en la Ley y en las normas que conllevan un juicio de responsabilidades, además porque no existe la ratificación de la denuncia, la misma está mal planteada y carece de claridad en el argumento del hecho a investigar.
El Fiscal General detalló que tampoco se hicieron presentes la parte denunciante, es decir, Daniel Tapia, Jorge Valda y la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, siendo la parte procesal interesada en el proceso y que debían estar presentes.
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