La Paz, 11 de noviembre (ANF).- Sin voluntad política no es posible encarar una reforma judicial porque ni al Gobierno ni a los políticos les interesa este proceso, en consecuencia el rol de la sociedad civil es fundamental para “arrancarle” al poder político una transformación institucional, sostienen dos juristas.
El exmagistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera y el abogado Arturo Yáñez, intercambiaron criterios sobre la mentada necesidad de una reforma judicial en el país en el tercer conversatorio de la ANF: La vergonzosa deriva de la justicia, el que contó con la participación del abogado Gonzalo Mendieta en la moderación.
Yáñez a lo largo del diálogo insiste que la “voluntad política” es una pieza clave para avanzar en la reforma del Órgano Judicial, porque de lo contrario por muchos esfuerzos que existan no cambiará absolutamente nada en el país.
No es la primera vez que se habla de la necesidad de reformar la justicia, a lo largo de la historia hubo intentos, algunas han tenido relativo éxito. “La reforma penal empezó muy bien, pero terminó peor de lo que había empezado”, comenta el abogado.
Considera que “es clave la genuina voluntad política”, es decir, que se “requiere de una política de Estado sostenible, ni siquiera a mediano sino a largo plazo y eso es lo que ha fallado en Bolivia”.
Precisa que las reformas constitucionales de 1994 fueron producto de la voluntad política, en las que se introdujo la creación de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura. “Se crean instituciones de tutela y funcionan relativamente bien, con magistrados de lujo”, afirmó Yañez.
Aunque esto se ha perdido porque al gobierno solo le “ha interesado concentrar el poder, no le ha interesado dividir el poder”, o tener a un tercer imparcial como el Tribunal Constitucional Plurinacional “que les respire en la nuca y les diga usted no puede meterle nomas, esto es ilegal, es inconstitucional”, comenta.
Por su parte, el exmagistrado del TC José Antonio Rivera repasa que la crisis judicial viene de hace décadas y que para resolver esa situación se realizaron intentos de reformas parciales “con ciertas finalidades e intenciones políticas”. Aunque en los últimos 15 años “entró de picada esta crisis hasta tocar fondo”.
Plantea que la crisis judicial sea enfrentada a partir de tres componentes, desde una visión del “sistema judicial estatal”: normativo, jurisdiccional y profesional. Lo que permitirá avanzar no solo en una reforma, sino en una “transformación” de la justicia.
Lo que “supone –primero- una voluntad política, de la sociedad civil, de los actores políticos, pero para mí fundamentalmente de la sociedad civil, porque a los actores políticos no les interesa mucho (la reforma) (…). Al gobierno no le interesa la transformación de la justicia”, subraya.
Argumenta que el desinterés del Gobierno se entiende porque los “jueces son funcionales a sus propósitos” para “desplegar una persecución selectiva con fines políticos”, es decir la justicia actualmente carece de independencia.
Arrancar la reforma al poder político
“Voy a usar un término del trotskismo, creo que la ciudadanía va a tener que arrancar al poder una reforma”, sentencia Arturo Yáñez. Argumenta que la población quiere una reforma porque se “siente indefensa frente al poder político”, porque la justicia no tutela sus derechos.
“El ciudadano quiere una reforma para que el poder judicial y la fiscalía le proteja y ya no le vulneren más sus derechos”, dice, a cuestionar que a título de reforma y a través de leyes se le está otorgando más poder al Estado administrado por el Gobierno.
Lamentó que las instituciones afectadas por estas normas no se pronuncien y no asuman na defensa de la institucionalidad. Por ejemplo, el proyecto de ley de Derechos Reales plantea que esta institución pase del Consejo de la Magistratura al Ministerio de Justicia, “vergonzosamente” su presidente, Omar Michel, dijo que ellos no hacen las leyes sino el Legislativo. “No defiende la gallina de los huevos de oro que es Derechos Reales”.
También citó el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas que el Gobierno retiró del Senado, tras las movilizaciones de diferentes sectores. Yáñez señaló que, si bien el Estado tiene que cumplir con compromisos internacionales, pero las normas no pueden ser usadas para dotar de más poder a una instancia administrativa, o a un funcionario nombrado para que investigue, o vulnerar el secreto profesional.
“Queremos reformar la justicia con este paquete de leyes dándole más poder al poder y quitándole los pocos derechos de los ciudadanos. Estamos yendo en sentido contrario del que debemos ir. Reitero, si no hay voluntad política vamos a seguir haciendo leyes y van a seguir fracasando porque en el fondo no nos interesa reformar”, precisó.
Para el abogado, la realidad es que a la clase política y al Gobierno no les interesa proteger al ciudadano, sino más bien asimismo en el ejercicio del poder.
Yáñez no sabe hasta dónde se puede lograr que la ciudadanía le arranque al poder una reforma, más aún si no hay voluntad política, en ese escenario plantea que “debiera haber un gran acuerdo nacional”, porque la justicia no puede seguir como está.
Rivera plantea enfrentar los problemas estructurales
Rivera detalla que el problema debe ser enfrentado a partir de las tres causas y ahonda en ellas. Sostiene que hay problemas en el orden económico, cuestiona -como muchos otros analistas- que el Órgano Judicial tenga un presupuesto que apenas alcanza al 0,39% del Presupuesto General de la Nación.
Cuando en otros países de Centro América incluso con menos recursos económicos, la justicia tiene mejores asignaciones, por ejemplo, Honduras tiene un 4% de presupuesto, Guatemala 4,5%, Costa Rica según su Constitución el 6%, pero tiene una asignación del 9%.
“Es increíble cómo a todo un poder del Estado como es el poder judicial y que cumple uno de los roles más importantes para racionalizar el poder político, para pacificar la sociedad, para brindar seguridad jurídica se le asigne 0,39%”, cuestionó.
Por este factor no existe cobertura del servicio judicial en todos los municipios, de 390 municipios 180 tienen servicio judicial; juzgados que no tienen adecuada infraestructura, ni equipamiento, ni tecnología de punta, hay jueces que siguen usando máquinas de escribir, describió Rivera.
Por otro lado, está el “problema institucional” generado por la “alta judicialización” de las relaciones sociales, cualquier conflicto por más mínimo que sea termina en el juzgado. Hay una sobrecarga judicial de 378 mil demandas anuales que tienen que ser resueltas por 1.090 jueces.
“No podemos esperar que no se produzca la retardación de justicia que es uno de los grandes problemas de esta crisis y también es el origen de la corrupción”, sostuvo Rivera. El tema ligado a un problema de “inadecuada organización territorial del Órgano Judicial.
También están los “problemas normativos”, es decir que se tiene una legislación sustantiva y procesal anacrónica asentada en el formalismo exegético y el positivismo clásico de principios de siglo XX, en total discordancia con un diseño constitucional de gran avanzada.
Y el “gran problema de la formación profesional”, para Rivera el problema está en las facultades de Derecho porque se está formando “abogados recitadores de la ley”; en el diseño curricular que responde a la “vieja Bolivia”; en las licenciaturas de cuatro años, sin especialidades, sin experiencia en litigio. “Encima ese abogado termina siendo juez”, critica.
Además, subraya la “alta injerencia en los procesos de selección y designación de los jueces”, en su criterio se generan falsas lealtades en la selección y elección por voto popular. Si bien antes había lealtades a los políticos, ahora se suma el cuoteo y la coptación total con la participación de las organizaciones sociales “que luego pasan factura a los magistrados”.
Rivera señala que en la transformación de la justicia es necesario enfrentar los problemas estructurales y no hacer “parches”, porque si bien el ministro de Justicia, Iván Lima, tiene en su propuesta cosas rescatables, pareciera que “quieren curar el cáncer con una aspirina y eso es grave”.
Respecto a la selección y elección de magistrados el único camino que señala para superar los problemas es la meritocracia, que pasa por cumplir una serie de criterios de idoneidad para el ejercicio de la función judicial.
Por ejemplo, se refiere a la idoneidad profesional, al ejercicio de las destrezas y habilidades; a una idoneidad sicológica porque se requiere jueces que no tengan miedo de dictar sus sentencias; idoneidad gerencial, social, que el juez tenga una sensibilidad de carne y hueso e idoneidad ética.
Rivera también explicó que un grupo de juristas de diferentes vertientes elaboraron una propuesta de transformación de la justicia asentada en tres pilares: devolver la independencia judicial modificando la forma de selección de las autoridades judiciales; la asignación de un mejor presupuesto acorde con el rol que desempeña y garantizar la justicia para todos.
Además, plantean fortalecer los sistemas alternativos de resolución de controversias y conflictos, para evitar la judicialización, la implementación de jueces de paz. Consolidar la jurisdicción indígena originaria campesina.
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