Audiencia final del juicio por el feminicidio de María Isabel Pilco. Foto: ANF
La Paz, 15 de julio (ANF).- Una comisión de la Cámara de Diputados impulsará la auditoría jurídica del juicio penal instaurado por el feminicidio de María Isabel Pillco que culminó con la sentencia absolutoria del imputado.
“Este será un caso emblemático” anunció a ANF el diputado Manuel Canelas porque en su opinión desde que se instauró el proceso se enfrentó una serie de dificultades que “hacen suponer errores procesales y plantean dudas respecto a las actuaciones de jueces y fiscales”.
María Isabel Pilco murió en noviembre de 2014 varios días después de sufrir una golpiza de parte de su concubino David Viscarra.
El primer juicio penal por feminicidio fue declarado nulo debido a que los jueces a cargo del proceso fueron imputados por hechos de corrupción y destituidos de sus cargos. José Luis Quiroga e Iván Perales, jueces del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer de La Paz retomaron el proceso y determinaron la sentencia absolutoria que dejó en libertad al inculpado.
“Es un caso bastante polémico, hay dudas fundamentadas que han sido denunciadas de manera reiterada”, dijo Canelas y anunció que la investigación legislativa estará orientada a “establecer si han procedido conforme a ley o no”.
El diputado explicó que se activará la capacidad de fiscalización legislativa a través de peticiones de informe oral o escrito “pero también se impulsará una auditoría jurídica para valorar el trabajo que cumplieron los servidores públicos a cargo del proceso”.
Canelas recordó que Quiroga “es el mismo juez que sobrepasando sus atribuciones instruyó reprimir –“con gases lacrimógenos si es necesario” – a las activistas que seguían de cerca el proceso, además de amenazar con detener a la madre de la víctima en una inexplicable demostración de exceso de autoridad”.
“Hemos recibido reportes de varios excesos cometidos por los jueces y con la auditoria se establecerá la veracidad de las denuncias”, dijo el diputado e insistió que se trata de “un caso bastante polémico y hay dudas fundamentadas sobre la actuación de jueces y fiscales”.
Según Canelas se analizará el proceso de principio a fin y “aunque no podemos suplantar a un tribunal de justicia, nuestro ámbito de influencia se extiende a nivel de todos los servidores públicos, la auditoria va a permitir investigar cómo se han desenvuelto todas las autoridades”.
Dijo que como parlamentarios no pueden arrogarse competencias que no están establecidas en la norma, pero recordó que ejerciendo su rol fiscalizador “podemos convocar a todos los servidores públicos que estuvieron involucrados en el juzgamiento de este caso”.
Explicó que las conclusiones de la auditoría del juicio por el feminicidio de María Isabel Pillco proporcionará importantes insumos para evaluar cómo se está implementado la Ley 348 y comprobar si se están garantizando los derechos a las víctimas de violencia de género.
“Pensamos que este caso bien investigado, auditado y fiscalizado nos puede servir para entender que está funcionando mal, sacar insumos necesarios como legisladores y planear los ajustes que sean necesarios”, anunció Canelas.
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