La Paz, 7 de enero (ANF).- La jueza ciudadana del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sonia Mamani, presentó su renuncia al cargo y reveló que el gobierno de Evo Morales, de manera ilegal, pagó pasajes y viáticos a las autoridades judiciales de dicho Tribunal para direccionar el juicio contra los implicados del caso "Terrorismo", conocido también como asalto al Hotel Las Américas. Dos abogados apuntan a los exministros Hugo Moldiz, Jorge Pérez, Carlos Romero y a tres exviceministros como los autores de vulnerar la independencia judicial.
El Tribunal Primero está integrado por dos jueces técnicos Sixto Fernández y Elena Gemio, y las juezas ciudadanas Anastasia Calisaya y Sonia Mamani, esta última renunció al cargo.
El Tribunal debía resolver este lunes el tema de la renuncia; sin embargo, la audiencia fue postergada para el jueves. La jueza Mamani en su renuncia hizo conocer una serie de irregularidades que se cometieron a lo largo del juicio.
"En ocasiones el doctor Sixto Fernández se me insinuaba lo que provocó mi protesta. El juicio seguía y el pago de los pasajes y viáticos era el mismo. En algunas ocasiones cuando el Juez Presidente nos consultaba para votar y yo quería expresar un voto disidente a la mayoría, él me indicaba que no podía votar así, que debía votar siempre como indicaban ‘los que te están pagando’, o en ocasiones nos decía que la instrucción de cómo votar ‘venía desde arriba’", señala el memorial de renuncia de la jueza Mamani.
La Jueza relató que todos los viáticos y otros gastos que recibían eran cubiertos por el Ministerio de Gobierno, cuando lo correcto era que el Consejo de la Magistratura cubra todos los gastos de los jueces para la realización de las acciones judiciales.
Denunció que fue obligada a asumir el cargo y cuando pretendía renunciar por problemas familiares y económicos, tanto el juez Fernández como el abogado Filemón Escobar (jefe jurídico del Ministerio de Gobierno de la gestión anterior) la intimidaban y amenazaban para seguir con el juicio.
También acusó a Fernández de tomar decisiones arbitrarias e intimidar a las juezas del Tribunal para que ninguna emita un voto disidente.
"Fui obligada a seguir concurriendo (a los juicios). En aquella ocasión expresé que quería renunciar. El juez Sixto Fernández me dijo claramente ‘si renuncias te van a cobrar todo el gasto de dineros y pasajes que te han entregado’. Esa amenaza me hizo retroceder y con mayor esfuerzo y sacrificios tuve que continuar en el juicio, contra mi voluntad y conciencia", apuntó la jueza ciudadana.
La jueza dijo que no se llevó un juicio “imparcial”, ni se aplicó de manera independiente la justicia, sino que se constituyó un Tribunal para condenar a los sindicados del caso Terrorismo, “sean o no culpables”.
Agregó que "con el paso del tiempo y fruto de mis propias indagaciones comprendí que quien pagaba los viáticos era el Ministerio de Gobierno (...) Ese pago irregular fue utilizado para presionarnos y obligarnos a votar en línea y por consigna en todas las solicitudes de cesación, de modificación de medidas sustitutivas y en las diversas resoluciones que se votaban en las audiencias”.
Mamani refirió que ahora corresponde al Ministerio Público investigar este caso y determinar quiénes incurrieron en irregularidades en el juicio.
Zvonco Matkovic, quien estuvo detenido por este caso, confirmó este lunes que en audiencia de juicio oral se dio lectura a la carta de renuncia de la jueza Mamani, donde se detallan varios delitos cometidos por jueces, fiscales y abogados del Ministerio de Gobierno.
En abril de 2009, la Policía ejecutó el asalto al Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz, para hacer frente a un supuesto grupo terrorista que pretendería asesinar al entonces presidente Evo Morales y convulsionar al país. En el operativo tres, personas extranjeras murieron y otros dos resultaron detenidas, debido a que según el Gobierno ellos planeaban realizar un magnicidio y promover el separatismo.
Luego el fiscal Marcelo Sosa emitió la acusación formal en contra de 39 personas, de las cuales, 22 fueron a juicio oral iniciado en 2012, cuatro fueron separadas por razones de salud y seis se acogieron al proceso abreviado. Luego, Sosa tuvo que huir del país y reveló que todo este caso fue montado por el Gobierno.
A la fecha quedan 12 procesados y 17 personas fueron declaradas rebeldes.
Apuntan a tres exministros
Los abogados Otto Ritter y Gary Prado interpusieron este lunes una denuncia penal contra los exministros de Gobierno, Hugo Moldiz, Jorge Pérez, Carlos Romero y contra los exviceministros de Régimen Interior, Marcelo Elio, Pedro Villa y José Luis Quiroga, quienes ocuparon ese cargo entre las gestiones 2012 a 2019.
“Confabularon durante todo ese tiempo y se asociaron ilícitamente para cometer delitos en detrimento de la sana e independiente administración de justicia, habiendo socavado su independencia e imparcialidad con presiones políticas y económicas”, refiere la denuncia interpuesta por los juristas.
Los abogados denuncian a los mencionados, y los que resulten implicados, por los delitos de uso indebido de influencias, conducta antieconómica, malversación de fondos, abuso de autoridad y asociación delictuosa.
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