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Nacional Seguridad

Jueces, fiscales y abogados, los principales responsables de la retardación de justicia

Las audiencias de cesación a la detención preventiva también se suspenden por ausencia del abogado de la otra parte (24%), por falta de notificación (16,8%), por ausencia de testigos o peritos (9,4%), por falta de transporte (6,3) y por falta de custodios (6,3%).
2 de Agosto, 2021
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Foto ilustrativa.
La Paz, 2 de agosto (ANF).- De acuerdo a información recogida por el Censo Carcelario, los jueces, fiscales y abogados son los principales responsables de la suspensión de audiencias de cesación a la detención preventiva, situación que contribuye a la retardación de justicia.

Los datos del Censo Carcelario publicado en 2020, indican que las audiencias se suspenden hasta en un 41 por ciento por ausencia del fiscal, en un 26,7 por ciento por ausencia del juez y hasta un 22,8 por ciento por responsabilidad del abogado defensor. 

“Esos porcentajes son altísimos y reflejan uno de los grandes defectos que atraviesa la justicia penal boliviana y es el tema de las constantes suspensiones de audiencias por una serie de factores”, señaló el presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Arturo Yáñez Cortes.

El jurista explicó que muchas veces no llega el fiscal porque debe atender múltiples casos, por la sobrecarga procesal, y se le cruzan las audiencias, mientras que, sobre los jueces, dijo que siempre deberían estar en sus juzgados y sus ausencias solo deberían ser por un caso excepcional.

“Me asusta ese 41% de ausencia de la fiscalía, que es porque anda (el fiscal) de un lado para otro por sus causas, y eso también es por mucha improvisación, porque muchas veces el fiscal llega jadeando a la audiencia y se está enterando recién de la audiencia y eso repercute en la calidad del sistema”, explicó.

Sobre los jueces con 26,7% de ausencia, dijo, es un dato más alarmante, debido a que, si bien el fiscal es itinerante, que va de juzgado en juzgado, el juez está en su juzgado, “y si no está, lo excepcional sería solo porque está enfermo”.

En este caso, agregó, no es que no haya juez, sino que no hay juez nombrado para ese juzgado, y eso es atribución del Consejo de la Magistratura. “Cuántos tribunales, cuántas vocalías están vacías porque no hay jueces nombrados, y eso es un grave déficit del Consejo de la Magistratura porque él debería prever para evitar estos problemas”, apuntó.

Las audiencias de cesación a la detención preventiva también se suspenden por ausencia del abogado de la otra parte (24%), por falta de notificación (16,8%), por ausencia de testigos o peritos (9,4%), por falta de transporte (6,3) y por falta de custodios (6,3%). 

Todos estos indicadores, señaló Yáñez, son factores que contribuyen de manera importante a la retardación de justicia.

“Si uno ve en términos gruesos, tiene que ver con que ya las causas penales en Bolivia son inmanejables en términos de eficiencia, y todas las leyes que se han hecho en los últimos años para tratar de bajar la retardación han fracasado”, señaló el jurista.

Un país sin seguridad jurídica

Uno de los grandes problemas de Bolivia, dijo el abogado, es que no hay seguridad jurídica para los operadores, y muestra de esta situación es que la mayor parte de jueces y fiscales no son de carrera, sobre todo en la fiscalía donde aproximadamente solo el 10% tiene esa calidad. Esto hace, agregó, que los operadores estén a expensas de quien los elige, y que “el rato que les dé la gana le pueden botar, le pueden castigar”.

Entonces, remarcó, los operadores no tienen seguridad jurídica para proceder de manera independiente y objetiva, y en muchos casos “los mismos jueces y fiscales hasta a los abogados les piden disculpas por las ‘operias’ que resuelven y justifican diciendo ‘si le doy la razón voy a tener problemas, me van a perseguir, me van a castigar’, es decir, hay una gran inseguridad jurídica a ese nivel”. 

El plazo máximo de duración de un proceso penal es de 3 años, sin embargo, hay los que superan los 10 años de duración, y “nadie tiene el valor civil de parar eso, ni los fiscales ni los jueces”.

De acuerdo al Censo Carcelario, de un total de 8.249 personas privadas de libertad, el 27,8% vio suspendida su audiencia de 1 a 3 veces; de 4 a 10 veces el 12%; más de 10 veces el 8%; nunca tuvo audiencia el 28,4%; y, de solo el 15,3% de internos no se suspendió la audiencia.

Yáñez indicó que para tener una explicación sobre este resultado en la justicia también hay que tomar en cuenta la cultura en el sistema de justicia que es el de “entre bomberos no se pisan la manguera”, es decir, cuando llega atrasado el fiscal o el juez de sentencia “la Corte Suprema se hace de la vista gorda y evita dar sanciones”, entonces, “todas esas causas siguen congestionando el sistema y se han vuelto un círculo vicioso”.

Otros factores a tomar en cuenta y que inciden en la situación actual de la justicia son los recursos económicos que el Gobierno asigna al Sistema de Justicia, que es menos del 1% del Presupuesto General del Estado (PGE).

“Yo no llegaría al simplismo de decir que con más plata todo se va a solucionar, pero podría mejorar”, indicó.

Agregó que también tiene que ver –para que se mantenga esta situación- que no hay un manejo eficiente de los tiempos, es decir, “los bolivianos tenemos una cultura de que vamos a llegar tarde hasta a nuestro entierro, es decir siempre esperas hasta el último momento el vencimiento del plazo para hacer las cosas, no hay esa cultura de ser puntual, de ser organizado, que también se refleja en la justicia”.

Otro problema, dijo, es que no se han distribuido adecuadamente los asientos judiciales, los asientos fiscales. Por ejemplo, refirió, hay juzgados de la capital que han atendido 1.500 casos y no lo ha hecho bien, mientras que en provincia los juzgados han atendido cinco procesos al año.

“Todos esos temas van al final a congestionar el sistema y se reflejan en eso: en cultura, en organización, en recursos”, dijo.

/ANF/

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    Retardación de justicia