Joven médico condenado a 30 años de cárcel pide justicia

Vásquez fue sentenciado junto a otras tres personas por un hecho de sangre que ocurrió el 10 de abril de 2013, y en el que perdió la vida un universitario por el impacto de una bala.

El galeno denuncia mala aplicación de la ley en su proceso judicial, irregularidades de parte del Ministerio Público y de los jueces que no tomaron en cuenta elementos de prueba a su favor, cambio de testimonio de la considerada testigo principal, peritajes que no cumplieron con la norma, la tergiversación de su versión en el expediente judicial, entre otros puntos, que ponen en duda la idoneidad del proceso y del fallo judicial.

El 9 de abril de 2013, Vásquez se encontró con tres amigos – Fabricio, Fabio y Mirko-, en Challapata, Oruro, donde realizaba su año de provincia para obtener el título de médico cirujano. Fue invitado a viajar a Potosí en una vagoneta de propiedad de Fabricio, quien tenía la intención de vender el motorizado en esa ciudad. Las otras dos personas también trabajaban en esa región. 

Según datos del cuaderno de investigaciones, al llegar a Potosí por la noche, Alberto se fue a la casa de su hermana y se volvió a encontrar con los tres amigos la tarde del 10 de abril, a eso de las 17.00, y le invitaron a ir a Sucre, a la fiesta de una amiga que habían conocido recientemente. Él debía retornar a Oruro, pero aceptó ir con ellos.

Llegaron a su destino, Fabricio iba al volante, Alberto de copiloto y Mirko y Fabio en el asiento de atrás. Ingresaron con el motorizado a una calle aparentemente en contra ruta, motivo por el que son increpados por un hombre que estaba en la calle junto a un joven y dos mujeres.

Fabio, en estado de ebriedad, se baja de la vagoneta y va al encuentro del hombre a responder a los insultos, luego baja Fabricio y le sigue Mirko, Alberto permanece en el vehículo. Se produce una gresca afuera con el grupo de personas. Luego regresan los tres al motorizado, Fabio con el rostro bañado en sangre. Llega una piedra que rompe el parabrisas, es cuando todos salen del vehículo a responder la agresión. 

Luego, al ver Alberto que venía contra él un hombre busca debajo del asiento de copiloto algo con qué defenderse, el extintor que le dijo que estaba ahí Fabricio, pero se da con la sorpresa de que había dos armas de fuego: una de color plomo y otra negra. 

Agarra el arma negra y la utiliza como objeto contundente contra su agresor, según relata en su declaración ante la fiscalía. Empieza a golpear a su atacante cuando escucha al lado del chofer tres golpes secos: eran disparos.

Después retorna a la vagoneta, Fabricio fue al volante, Fabio estaba adentro, y arrancan, pero se olvidaban de Mirko, tuvieron que parar y él baja para llamarlo, Mirko sube y esta vez lo dejaban a él. Finalmente, la vagoneta sale con todos a bordo y buscan una tienda para comprar agua para curar la herida de Fabio. En ese momento son interceptados por dos policías que estaban al tanto de lo sucedido.

En la revisión del vehículo surgieron sorpresas. La policía encontró dos armas de fuego, una computadora, un maletín con joyas, dos credenciales de la policía. Un efectivo dijo que la vagoneta está reportada como robada en agosto de 2012 en Oruro. Alberto asegura que se vio sorprendido por esta situación.

Los cuatro fueron detenidos y al día siguiente se enteraron que uno de los varones, el joven universitario que estuvo en la gresca, falleció por un disparo. Después de la audiencia de medidas cautelares, los cuatro fueron derivados al penal de San Roque.

Dos años después, el 10 de abril de 2015, el Tribunal de Sentencia Nº 1 de la Capital sentenció a Alberto Vásquez a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por el delito de asesinato, a Fabricio a 15 años por cómplice del delito de asesinato y a Mirko a y Fabio a dos años de reclusión por el delito de encubrimiento.

La parte acusadora declaró en el juicio que los cuatro (dos mujeres y dos hombres) fueron víctimas del ataque de los que iban en el motorizado, que Fabio bajó del motorizado con la intención de robarles una computadora, y a esto se unió Fabricio y Mirko con agresión física.

En la declaración policial, Fabricio acepta haber disparado el arma, y Fabio y Mirko declararon que lo vieron. En el juicio oral se ratifica esta versión, según documentos de la sentencia del juicio, pero los jueces no valoraron en su dimensión estas declaraciones, refiere Alberto Vásquez.

Las personas que esa noche fueron agredidas y participaron de la gresca – dos hombres (el universitario falleció) y dos mujeres - no identifican a Alberto como el autor del disparo mortal. Una testigo, considerada clave, Daniela S., que declaró que asistió al joven universitario cuando cayó herido por la bala, tampoco lo identifica como autor del disparo, pero dos años después lo señala como el responsable, y dice que lo reconoce por su camisa a cuadros.

Daniela S. no participa de la inspección ocular, sin embargo, en su lugar aparece una desconocida, Felicidad A., quien lo señala a Alberto como autor del disparo.

Sin embargo, otra vecina del lugar, que fue testigo ocular de los hechos la aciaga noche, Gabriela R., dice que vio disparar a una persona vestida de color guindo y reconoce a Fabricio en el muestrario fotográfico. Alberto reclama que esta prueba no fue valorada por los jueces.

Otro elemento es que, según las pericias, la bala que hirió y mató al universitario refleja un recorrido que contradice todas las declaraciones de los testigos. Vásquez insiste en una pericia planimétrica, que hasta el momento se lo niegan, para establecer a ciencia cierta de qué lugar provino el disparo mortal y demostrar su inocencia.

En un principio su solicitud fue admitida y ordenada por la jueza Vidalia Morales Ávila, pero extrañamente, refiere Alberto, después fue rechazada por la misma jueza sin causa aparente.

En la pericia balística, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) no envió el protocolo de autopsia necesario para esta indagación, por lo que el perito respondió que “no es posible determinar la trayectoria balística en el cuerpo de la víctima”, sin embargo, finalmente el perito hace un informe sin contar con el protocolo de autopsia y se adhiere a él.

En el tema de la planimetría forense, si bien se realiza y se establecen tres puntos de recorrido de la bala, el perito que juramenta para hacer la pericia es diferente al que firma el informe.

La pericia sicológica realizada por el IDIF y otra de siquiatría determinaron que Alberto no es agresivo como para cometer el homicidio, y que su versión de los hechos es muy creíble, pero estas pruebas “a mi favor no fueron valoradas por el Tribunal”.

Vásquez asegura que en todo el juicio jamás reconoció que disparó alguna arma de fuego, aunque sí que usó una de color negra como objeto contundente, pero “en el documento de la sentencia está escrito que yo acepté que disparé, y eso es indignante, yo nunca dije que disparé ningún arma”.

El médico solicitó por medio de su abogado las grabaciones de la audiencia para demostrar lo que señala, pero las autoridades nunca facilitaron los audios.

Otro aspecto es que el Ministerio Público lo imputa por el delito de asesinato con el artículo 252 incisos 2, 6 y 7 del Código Penal, y la acusación formal lo hace con el mismo artículo, pero con los incisos 2, 3, 6 y 7 del mismo código.

El inciso 3 del artículo 252 se refiere a que el hecho delictivo fue realizado con alevosía o ensañamiento, lo que agrava la pena, cuando ninguno de los acusados conocía a los demandantes. 

Con este argumento, en la audiencia conclusiva el Ministerio Público renuncia al artículo 3, pero la jueza Ximena Mendizabal lo obvió y lo aplicó.

“El debido proceso a mi causa tiene una serie de irregularidades que ni los abogados ni administradores de justicia se percataron, dejándome en indefensión, con un actuar injustificado negligente que me hace ver como autor de un delito que no cometí”, lamenta Alberto Vásquez.

Tras el juicio, el galeno solicitó al Consejo de la Magistratura de Chuquisaca una auditoría jurídica al caso, que fue admitida con resolución 02/2017, pero hasta la fecha no hay resultados.

Durante el proceso, Alberto se percató que uno de sus acompañantes aquel fatídico 9 de abril de 2013 tiene doble identidad Y SERÍA EL AUTOR DEL DISPARO: Bernardo Fabricio O. M. con un carnet de identidad de nacido en Cochabamba, es también Edgar Mauricio O. M. con otro número de carnet de identidad y nacido en Potosí, y sentenciado a 30 años de cárcel en 2001 por el delito de asesinato con una pena de 30 años, según el certificado del Rejap (Registro Judicial de Antecedentes Penales).

El galeno presentó la denuncia ante el Ministerio Público en Sucre para que inicie la investigación de oficio, pero lo rechazaron alegando falta de credibilidad de los documentos pese a que fue requerido por orden judicial de la juez Vidalia Morales.

Todos los esfuerzos que realiza Alberto Vásquez en busca de justicia se ven menoscabados por los operadores que lejos de realizar un proceso judicial en base a la ley, quebrantan el debido proceso.

Alberto pide justicia, suplica ayuda de las autoridades para que se indague como corresponde su caso; dice que si bien reconoce su falta de haber agarrado un arma y se arrepiente cada día, nunca antes “jamás” se vio envuelto en este tipo de problemas.

“Si tienen que sancionarme con 30 años por agarrar un arma, lo aceptaré, pero no por matar a nadie, porque no lo hice, y lo digo con convicción, son cinco años que estoy luchando”, expresó.