El médico Jhiery Fernández. Foto: archivo/ANF
La Paz, 30 de noviembre (ANF).- El médico Jhiery Fernández pidió a la exjueza Patricia Pacajes disculparse públicamente por las “difamaciones e injurias” que lanzó en su contra.
Ayer Fernández interpuso una denuncia contra Pacajes porque la exautoridad judicial le habría mellado su dignidad al vincularlo a un supuesto “grupo delincuencial” para hacerla drogar y grabar un audio con sus declaraciones para conseguir su objetivo de salir de la cárcel.
“La pena de este tipo de delitos privados (difamación e injurias) es muy baja, lo que si nosotros queremos es una disculpa pública, eso es lo que vamos a buscar, porque ya no se puede estar mellando la dignidad de las personas”, señaló Cristian Alanes, abogado de Fernández.
Dijo que la denuncia que presentaron ya fue atendida por el Juzgado Quinto de Sentencia y se espera las órdenes judiciales para iniciar con las investigaciones.
El abogado indicó que Pacajes debe demostrar con pruebas sus acusaciones ya que no permitirán que se siga mellando la dignidad del galeno.
Recordó que las autoridades judiciales ya procesaron y condenaron injustamente a su defendido por un supuesto delito de violación y no demostraron esa acusación, y ahora la exjueza lanza acusaciones falsas contra él.
Sobre las declaraciones que hizo el galeno en el proceso contra los exfiscales Edwin Blanco y Susana Boyan por el delito de amenazas, Alanes señaló que el Ministerio Público sigue de oficio el caso y maneja el nombre de unas 14 personas que serían víctimas de estos exfiscales, entre ellos está Fernández, jueces, peritos y testigos.
El abogado también se refirió sobre la auditoría del caso bebé Alexander e indicó que aún no los notificaron con los resultados de la auditoría jurídica realizada por la Magistratura, pese a que ellos solicitaron que se ejecute esa medida.
Mencionó que en varias ocasiones pidieron les notifiquen con estos resultados porque necesitan revisar los indicios de faltas administrativas, disciplinarias e incluso delitos penales en que habrían incurrido los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia que condenaron sin pruebas a su defendido.
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