La Paz, 20 de enero (ANF).- Los exjefes militares Jorge Gonzalo Terceros y Gonzalo Jarjuri, señalan al exjefe de la Casa Militar, Freddy Milton Navia Escalera, de haber abierto Palacio de gobierno para que ingresen los líderes cívicos de ese entonces, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, el 10 de noviembre de 2019; además de haber trasladado la medalla presidencial.
El abogado del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Jorge Gonzalo Terceros y del excomandante de la Armada Boliviana, almirante Gonzalo Jarjuri, Eusebio Vera, aseguró que la comisión de fiscales no tiene pruebas para acusarlos en el caso “golpe II”.
Cuestionó que los fiscales cerraron la investigación sin ampliar la acusación en contra de los verdaderos responsables, en este caso el jefe de la Casa Militar, el general de brigada Freddy Milton Navia Escalera, quien “extrañamente” –dijo- no es parte del proceso.
Detalló que, en el cuaderno de investigaciones, se encuentra un informe del teniente coronel Líder Moncada Vaca, respecto los acontecimientos que sucedieron el 10 de noviembre de 2019 en inmediaciones de Palacio Quemado en La Paz.
Esa fecha, en horas de la tarde el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo. Luego de la declaración del motín de los policías, el Palacio y la Casa grande del pueblo quedaron rodeados de las organizaciones contrarias al Gobierno y al MAS.
En Palacio presumiblemente solo quedó la guardia presidencial Colorados de Bolivia. Vera precisa a la ANF que el informe de Moncada “especifica que: de acuerdo a las novedades registradas en el libro del servicio de guardia de honor de Palacio quemado Colorados de Bolivia escolta presidencial, a las 16:10 del 10 de noviembre de 2019 se encuentra registrado el ingreso de Luis Fernando Camacho”.
Añade que Camacho ingresó para dejar la carta de renuncia (de Evo Morales) acompañado del señor Marco Pumari y del abogado Eduardo León “en la parte del hall del Palacio Quemado juntamente con el jefe de la Casa Militar general de brigada Freddy Milton Navia Escalera. Quien dio la orden y la autorización correspondiente a los citados ciudadanos”.
Pese a que existe este informe y es prueba fehaciente, Navia no ha sido incorporado en las investigaciones ni en el proceso, reclama Vera, quien el año pasado solicitó mediante memorial la ampliación de la denuncia, pero la comisión de fiscales no tomó en cuenta y prefirió concluir la acusación formal.
“El haber dado fin a las investigaciones nos ha dejado en un completo estado de indefensión”, sostuvo el abogado, al lamentar que los fiscales no hayan permitido que se realicen otros actuados que solicitó la defensa de ambos exjefes militares, por ejemplo: una inspección ocular y reconstrucción de los hechos.
Cree que estos dos actos, además de otros, podían ser útiles para demostrar dónde estaban los acusados y quiénes estaban en el lugar de los hechos, tanto en el ingreso de Camacho a Palacio y las circunstancia en el Comando en Jefe ubicado en la zona de Obrajes.
“Para saber qué es lo que los entonces jefes militares (…) estaban realizando en el comando, incluido el ministro de Defensa (Javier Zavaleta), porque ahí íbamos a establecer que todo el tiempo los militares estaba a cargo de la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva), es decir, el ministro Javier Zavaleta, y que en ningún momento hubo ruptura de la cadena de mando ni mucho menos insubordinación”, declaró Vera a la ANF.
Acotó que “todas las acciones incluida la lectura del comunicado del 10 de noviembre (en la que Williams Kalimán sugiere la renuncia de Morales) fue dada a conocer al ministro Zavaleta”.
Vera manifestó que por estos elementos concluyen que existe una abierta parcialización de la investigación para favorecer al general de brigada Freddy Navia, dijo que esta situación no estaría sucediendo si los “fiscales fueran probos, idóneos”, pero que en los casos golpe I y II están siendo direccionados por otros niveles del Estado.
Dijo que esta parcialización se hizo más evidente, cuando el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anticipó que esta semana sería el inicio del juicio en el caso “golpe I”, como si fuera una orden; o cuando el viceministro Siles anunció que hasta marzo ya habría sentencia.
Este nivel de interferencia no es admisible en un Estado constitucional de derecho, “No se puede atropellar ni permitir la intromisión de un poder a otro poder, eso es falta de independencia de poderes y en este caso, falta de independencia judicial”.
Vera acotó que el entonces jefe de la Casa Militar también fue el responsable de trasladar la medalla presidencial del Banco Central de Bolivia para imponer a la presidenta Jeanine Áñez.
Argumentó que los fiscales acusan a sus defendidos sin pruebas, mínimamente una orden firmada, o una resolución y que sean documentos contrarios a la Constitución, porque se los acusa de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE.
Les acusan de incumplir sus deberes amparándose en los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, pero los textos no se adecuan a las acusaciones, observó.
Recordó que el jefe de la Casa Militar dependía directamente del jefe de Estado, en este caso de Evo Morales y del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
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