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16 de agosto de 2020 11:05

ITEI identifica 6 razones para la "inercia criminal" de las autoridades frente al problema carcelario

Para el especialista, la mayoría de los casos penales continúan contra personas humildes, quienes sufren detención preventiva más del tiempo establecido –seis meses- y que incluso superan los seis años, en procesos donde “primero se detiene sin pruebas y luego se investiga, es decir no hay respeto al debido proceso y hay muchos detenidos sin pruebas”.

sector de aislamiento Lugar de aislamiento en el penal San Pedro, donde fallecieron 24 reclusos. Foto: cortesía
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La Paz, 16 de agosto (ANF).- El responsable del área socioterapéutica del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la Tortura (ITEI), Andrés Gutier, expuso seis razones por las que las autoridades del Estado se mantienen en una “inercia criminal” frente a los problemas carcelarios y de justicia del país, que hoy se agudizan por la pandemia del nuevo coronavirus.

Muchos de los problemas del sistema penitenciario que afectan a miles de privados de libertad son generados por las propias autoridades por el “uso desmesurado” de la detención preventiva, que traen más hacinamiento y vulneración de derechos humanos.

“Un país que tiene una sobredosis de privados de libertad en detención preventiva es un país que tiene una justicia enferma y una democracia disminuida en su credibilidad”, dijo Gutier en su participación en el webinar “La situación en Bolivia” organizado por la Revista Derechos en Acción.

Para el especialista, la mayoría de los casos penales continúan contra personas humildes, quienes sufren detención preventiva más del tiempo establecido –seis meses- y que incluso superan los seis años, en procesos donde “primero se detiene sin pruebas y luego se investiga, es decir no hay respeto al debido proceso y hay muchos detenidos sin pruebas”.

Gutier estima, según su experiencia de más de 20 años de conocer el tema penitenciario y de asistir a privados de libertad en el aspecto sicológico, que hasta un 50 por ciento de detenidos en las cárceles son inocentes, porque las autoridades del Estado -Gobierno, Asamblea Legislativa Plurinacional y Sistema de Justicia- cuidan conveniencias, según las seis razones identificadas para la “inercia criminal”.

El primer factor es que para el Gobierno y para los legisladores “el problema carcelario no representa un tema electoral”, es decir no genera votos, por lo tanto, no es de su interés.

El segundo factor, de acuerdo al ITEI, es que conviene a los gobiernos de turno contar con un sistema de justicia así, para “poner culpables a su gusto en las cárceles”. Como ejemplos de esta aseveración citó dos casos emblemáticos: el de Juan Bascopé Cari, que permanece detenido por más de seis años en la cárcel de San Pedro en un proceso sin pruebas. En su caso, el gobierno de Evo Morales necesitaba un culpable para mostrar resultados en la muerte de cuatro efectivos de erradicación de hoja de coca en el municipio de Apolo. “La justicia necesitaba un chivo expiatorio”, dijo.

Otro caso, este ocurrido en el gobierno de transición de la presidenta Jeanine Añez, es la detención en noviembre de 2019 de María Eugenia Choque, expresidenta del Tribunal Electoral, sin pruebas y nuevamente como chivo expiatorio del presunto fraude electoral.

Como tercer factor, Gutier citó que el sistema judicial y policial adolece de competencias y capacidades de investigaciones rigurosas, serias y científicas, y “les conviene el uso de la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes para obtener confesiones y poner a personas en la cárcel sin tener indicios, sin respeto al principio de presunción de inocencia, cargados de suposiciones, denuncias o una buena suma de plata”.

Sobre este punto, indicó que como el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) depende del Ministerio Público, “hasta la fecha no ha detectado hechos de maltrato por parte de la policía”.

Gutier mencionó que hasta 2010, como muestra de que no interesa el respeto a los derechos humanos, el director del IDIF fue Antonio Torres Balanza, señalado como asesor de torturas en la época en que fueron reprimidos varios movimientos insurgentes como el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK).

Otro factor para que a las autoridades no les interese hacer cambios en el sistema penitenciario y judicial es que “a la población y a los medios de comunicación le satisface tener culpables, no importa si la persona es culpable o no”. 

A esto se suma, como otra razón, que “la detención preventiva es un gran negocio para muchos jueces”. Sobre este punto el exdirector de Régimen Penitenciario denunció que jueces, sobre todo los de ejecución de penas, se benefician de pagos de los privados de libertad para que no cumplan sentencias en penales de alta seguridad y donde mejor les conviene, o con el favorecimiento de penas leves para que puedan salir libres cuando los delitos son graves.

La sexta razón es que la detención preventiva “permite encubrir la incompetencia de la justicia”.

Todos estos factores se traducen en la constante vulneración a la presunción de inocencia, en más retardación de justicia, allanamientos ilegales, estigmatización pública, amenazas a los abogados de defensa, extensión de la detención preventiva, acumulación de juicios, desconsideración de necesidades médicas, amenazas a las víctimas de las familias, entre otros, que se reflejan en los más de 60 casos que acompaña el ITEI desde 2016.

En estas circunstancias, remarcó Gutier, “hoy en día el Gobierno, el Legislativo y la Justicia se vuelven culpables de tortura y otros malos tratos al tolerar y promover el hacinamiento en las cárceles de Bolivia, sabiendo que el hacinamiento es una bomba de tiempo a punto de explotar debido a que expone a las personas a la pérdida de libertad, al contagio de Covid-19 y en consecuencia a la muerte porque no hay garantías sanitarias”.

“En la situación actual se puede acusar al Estado de tratos crueles inhumanos y degradantes e incluso de torturas, por exponer a toda la población carcelaria a una situación de contagio y mortalidad que se habría podido evitar”, apuntó.

Según información de la Dirección de Régimen Penitenciario, más de 55 internos fallecieron en cárceles de ocho departamentos del país por el nuevo coronavirus.

/ANF/

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