La Paz, 9 de enero (ANF).- El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, no descartó la ampliación de la denuncia por el presunto delito de homicidio culposo en contra de exejecutivos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que autorizaron el vuelo de la aeronave LaMia pese a las observaciones a su plan de vuelo.
“La comisión evaluará esa situación. No se descarta por los tipos penales o a las personas que puedan estar involucradas, seguro la comisión tomará una decisión”, declaró Guerrero cuando fue consultado si se ampliará la denuncia por homicidio culposo contra aquellas personas que autorizaron el vuelo de LaMia.
La pasada semana circuló en redes sociales y fue confirmado por el abogado de Celia Castedo, Guido Colque, el documento que certifica que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) aprobó el vuelo y la ruta del avión CP2933 de la empresa LaMia, que se estrelló en Colombia el 28 de noviembre por falta de combustible y dejó 71 muertos.
El documento de autorización del vuelo de LaMia fue firmado por Cristián Durán León, tres días antes del siniestro. Asimismo, el certificado detalla las horas de salida, el aeropuerto de despegue de la aeronave, las opciones para aprovisionarse de combustible, cuya escasez fue la causa principal que provocó que la aeronave se estrelle.
La Fiscalía aún no ha tomado declaraciones al exdirector de la DGAC, César Varela, tampoco ha sido convocado el exdirector de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) ambos destituidos de sus cargos por el caso LaMia.
La Fiscalía ha imputado a la exfuncionaria de Aasana Celia Castedo, al exdirector de registro aeronáutico de Bolivia, Gustavo Vargas Villegas, quien además es hijo de Gustavo Vargas Gamboa, gerente General de la empresa LaMia, estos dos últimos detenidos en dos cárceles diferentes.
Por otra parte, Guerrero no descartó convocar a Ricardo Albacete, dueño de la empresa de aviación venezolana LaMia, que de acuerdo a informaciones anotó los cuatro aviones con los que contaba la compañía en una empresa de Panamá, incluido el que cayó a fines de noviembre.
“No se descarta absolutamente a nadie, para llegar a la verdad histórica de un hecho. Las personas que nos puedan dar información ya sea en calidad de testigos o las personas que estén siendo investigadas van a ser convocadas”, sostuvo.
El Ministerio Público aguarda información de sus pares de Brasil y Colombia antes de tomar decisiones sobre si podría o no la comisión de fiscales trasladarse a Corumbá para tomar las declaraciones a Castedo, quien buscó asilo en Brasil ante la falta de garantías a un debido proceso.
También requirió a Colombia de manera oficial el informe en el que establece que el siniestro de noviembre que causó 71 muertos fue por fallas humanas, falta de combustible, un plan y una autonomía de vuelo que no fue acorde a la ruta que realizará la nave.
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