La Paz, 15 de enero (ANF).- El Ministerio Público imputó formalmente al exministro de Gobierno, Carlos Romero, por dos delitos y pidió su detención preventiva, porque estaría involucrado en presuntos hechos de corrupción detectados en el proceso de adjudicación que hizo la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn) a un consorcio de empresas liderados por Horizontal de Aviación Bolivia SRL. El exministro dijo que teme por su vida y denunció que “fraguaron” el proceso para inculparlo.
La Fiscalía “esta solicitando la detención preventiva en el penal de San Pedro, son por los delitos que ustedes ya conocen, que está siendo investigado por el caso Uelicn y en ese sentido está siendo trasladado a celdas judiciales”, informó Luis Fernando Guarachi, jefe de la División Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.
Guarachi informó que médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) valoraron a Romero y han diagnosticado que se encuentra estable de salud.
La exautoridad fue imputada formalmente por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
"El Ministerio Público actuando con objetividad solicita la aplicación de la extrema medida de de la detención preventiva por seis meses computables", dese el 15 de enero del 2020 hasta el 15 de julio del 2020", refiere la imputación formal contra Romero a la que tuvo acceso ANF.
El exministro pasó la noche en celdas policiales en calidad de aprehendido y cerca al mediodía de hoy lo llevaron a celdas judiciales donde aguarda el inicio de su audiencia de medidas cautelares.
Carlos Romero dijo que teme por su vida porque fraguaron este proceso para inculparlo por el caso Uelicn.
“Han fraguado una pieza judicial de otro proceso, para querer hacer aparecer que no había defectos procesales”, apuntó la exautoridad.
Andrés Zúñiga, abogado del exministro, manifestó que se vulneraron los derechos de su defendido porque no estaba en condiciones para declarar por este caso, pese a eso lo llevaron a la fuerza a oficinas del Ministerio Público. Dijo que interpondrán una acción de libertad para dejar sin efecto la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía.
“No existe la figura de que la Fiscalía, a cualquier persona comprometida en delitos de orden público, la tenga que notificar y en ese momento condicionar a la concusión, eso no existe, eso hicieron”, mencionó el jurista.
Anunció que una representación de la Defensoría del Pueblo coadyuvará en el proceso para que se respeten derechos y garantías constitucionales.
Además, el abogado Zúñiga presentó un pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que esa instancia emita una medida cautelar de carácter urgente en favor de su defendido.
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