Representantes de la Comisión de la Verdad y del Ministerio Público. Foto: ANF.
La Paz, 17 de agosto (ANF).- El Ministerio Público entregará información confidencial a la Comisión de la Verdad, que investiga las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras militares. Para este fin, autoridades de ambas instituciones firmaron este viernes un convenio de cooperación interinstitucional por dos años.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, y el presidente Alterno de la Comisión de la Verdad, Edgar Ramírez Santiesteban, suscribieron el acuerdo con el compromiso de guardar la debida reserva en el uso de la información documental.
“Desde el Ministerio Público siempre hemos tenido una actitud y un trabajo para esclarecer estos hechos y otros casos. Emprendimos una tarea fundamental, por ejemplo, en la búsqueda de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz (...) consideramos que esta tarea debe seguir y más aún cuando hay una Comisión de la Verdad, un equipo que está en todo lo que es la información histórica, documentación y los testimonios que hay”, señaló Guerrero.
Dijo que el Ministerio Público brindará toda la información a la Comisión de la Verdad, además de apoyo técnico científico desde el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
Ramírez agregó que la firma de este convenio es uno de los eslabones más importantes del trabajo que se les ha encomendado. Sostuvo que este acuerdo permitirá investigar varios hechos, no solo algunos nombres simbólicos, sino el daño general que provocaron las dictaduras.
“Agradezco este gesto que es un desprendimiento en favor del país, por eso a nombre de la Comisión de la Verdad, de los afectados por las dictaduras y por el país en general me permito agradecer al Fiscal General del Estado”, declaró.
La Comisión de la Verdad debe efectuar acciones de investigación que permitan esclarecer la verdad de los hechos ocurridos durante las dictaduras militares, para cuyo fin debe recibir testimonios de víctimas y familiares, de los autores de los hechos, de los testigos; además de revisar documentación existente en instituciones públicas y privadas.
Asimismo, acceder a archivos públicos y privados, a documentación calificada de reservada y confidencial, a inmuebles, casas de seguridad y centros de privación de libertad.
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