El ministro de Defensa, Luis Fernando López y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Foto: archivo/RTP
La Paz, 26 de agosto (ANF).- El Ministerio Público acudió hasta las dependencias del Ministerio de Gobierno para recabar las declaraciones de los ministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, denunciados por presuntas irregularidades en la compra de gases lacrimógenos.
“(Hace unas semanas) se ha procedido a recepcionar las declaraciones de dos de los sindicados, los ministros López y Murillo. Se ha procedido a coordinar la diligencia, tomando en cuenta que se había observado la demora en esta diligencia, en ese contenido nosotros hemos procedido a extremar esfuerzos para poder contar con este actuado, en tal sentido, el Ministerio Público se ha constituido a dependencias del Ministerio de Gobierno, donde ellos se encontraban realizando una reunión”, manifestó el fiscal Luis Fernando Atanasio.
Dijo que tuvieron que ir a buscar a los ministros para recabar su declaración y así evitar que las diligencias investigativas no se retrasen más.
Atanasio refirió que ambas autoridades manifestaron que tienen todos los descargos de la compra que hicieron, tanto el Ministerio de Gobierno como el Ministerio de Defensa entregaron documentos sobre este tema, los mismos serán contrastados y valorados por la comisión de fiscales.
“Ellos han referido que tienen los descargos, a efectos de poder sustentar que el trámite o la adquisición habría cumplido con los parámetros, requisitos, que necesitaba. Pero toda esa información nosotros tenemos que analizarla, evaluarla”, mencionó el fiscal.
En este caso, hay aún algunas diligencias pendientes, la Fiscalía aguarda que la empresa brasileña Cóndor envié información sobre el proceso de compra de los gases lacrimógenos. Atanasio señaló que en tres ocasiones solicitaron información sobre el caso y al momento se sigue esperando respuesta.
En junio de este año, parlamentarios del MAS presentaron una denuncia penal contra Murillo y López acusándolos de comprar con sobreprecio, y a través de un intermediario, productos no letales a la empresa brasileña Cóndor. Según los denunciantes, el gobierno de Venezuela habría adquirido esos productos de la misma empresa, pero a un costo menor.
Ambas autoridades fueron denunciadas por los delitos de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. El caso está en investigación.
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