Fiscal Guerrero deja 16 casos emblemáticos irresueltos vinculados al Gobierno

La Paz, 20 de octubre (ANF).- A tres días de la posesión del titular del Ministerio Público, el saliente Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, deja 16 casos de relevancia nacional sin resolver, la mayoría de los conflictos sociales y casos de corrupción vinculados con el Gobierno.

Después de cumplir su mandato de seis años, Guerrero dejará el cargo sin lograr esclarecer plenamente y sin sentencia al menos 16 casos de interés nacional que marcaron la agenda política y social en el país y que se generaron en su gestión.

Guerrero, exconstituyente del MAS y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia durante la transición nombrado por ley del presidente Evo Morales, fue posesionado el 23 de octubre de 2012, tras un proceso de selección en la Asamblea Legislativa, donde la bancada mayoritaria del MAS lo favoreció con su apoyo.

ANF realizo un recuento de los 16 casos más simbólicos que le tocó indagar al Ministerio Público a la cabeza de Guerrero, entre los que se encuentran: Fondo Indígena, caso LaMia, crisis del agua en La Paz-EPSAS, atracos a Brinks y a Eurocrhonos, asesinato de Rodolfo Illanes y muerte de cooperativistas.

En la lista también se encuentran los casos: Taladros, desfalco millonario al Banco Unión, caso bebé Alexander, explosiones en Oruro, Bolivia TV, irregularidades en la ABC, muertes en La Asunta, conflicto de la Universidad Pública de El Alto con un muerto, irregularidades en Dircabi, caso Zapata; y aunque no fue en su gestión, los casos Caranavi y Chaparina se siguen arrastrando.

En 2014-2015 estalló el caso Fondo Indígena, uno de los hechos de corrupción más connotados en la gestión del presidente Evo Morales. Se develó un daño económico millonario al Estado que involucró a autoridades gubernamentales, directores, técnicos y dirigentes indígenas.

Obras fantasma, desembolsos sin ejecutar y recursos estatales depositados en cuentas personales de los responsables de los proyectos, que en muchos eran dirigentes de las organizaciones que administran el Fondo fueron las características del escándalo.

El Ministerio Público centró sus acciones investigativas en contra de los dirigentes y responsables de los proyectos, pero no asumió acciones contra los miembros del directorio donde participaban además de la exministra Nemesia Achacollo otros cuatro ministros de Estado.

El principal acusado en el caso es el exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo, condenado a cinco años de prisión por un caso en Tarija; a pesar que alertó sobre el manejo de la institución. Además se abrieron más de 86 procesos penales, en varios de ellos presuntamente implicado el exfuncionario.

“Hemos estado cuatro años en una etapa investigativa y ahora El Ministerio Público quiere separar (más) los casos porque dicen que correspondería a otros distritos judiciales el analizarlos, es decir, está pretendiendo realizar 260 juicios por el Fondo Indígena, donde el único común denominador de lo que fue antes, durante y después de su gestión (de Guerrero) es Marco Antonio Aramayo”, señaló su abogado Héctor Castellón.

En cambio, los procesos que vinculan a las exministras Achacollo y Julia Ramos; al senador, Jorge Choque (MAS); a los exdirigentes indígenas: Melva Hurtado (CIDOB), Damián Condori (CSUTCB), Félix Becerra (CONAMAQ) y otros, continúan en investigación. Todos ellos fueron liberados con medidas sustitutivas.

Hasta la fecha y después de cuatro años apenas tres casos están en juicio.

En noviembre de 2016 un avión de LaMia trasportaba a los integrantes del club Chapecoense (Brasil) para disputar la final de la Copa Sudamericana, pero se estrelló en un zona montañosa de Colombia dejando 71 fallecidos y seis sobrevivientes.

Colombia, Brasil y Bolivia iniciaron investigaciones porque se estableció que la aeronave había vulnerado normativa internacional, al realizar un vuelo sin tener suficiente combustible para llegar a su destino.

En el país, la Fiscalía abrió dos procesos. Uno en Santa Cruz contra el gerente de LaMia, Gustavo Vargas, y otros funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) por no cumplir con los controles a la nave. El segundo caso se abrió en La Paz en contra de Gustavo Vargas Villegas, exfuncionario de la DGAC e hijo del gerente de LaMia. Ambos casos continúan en investigación.

“En el caso Lamia se han venido suspendiendo varias audiencias por diferentes motivos, son situaciones que se presentaron en el Juzgado, para el Ministerio Público y hasta la propia defensa que han dado lugar a diferentes suspensiones”, indicó Milton Andrade, abogado de Vargas.

En este caso el Ministerio Público aún no ha presentado acusación.

En noviembre de 2016 se produjo una crisis del agua producto del racionamiento del líquido en 96 barrios de las ciudades de La Paz y el Alto. Por esta situación se abrió proceso penal contra la entonces ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira; el exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), Rudy Rojas; la exautoridad de Fiscalización y Control Social  de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), Benecio Quispe, denunciados penalmente.

La exministra Moreira pese a estar siendo investigada, fue designada funcionaria en el servicio exterior. A la fecha el caso continúa en indagaciones y no existe acusación.

En abril de 2017 se registró un atraco armado a un vehículo blindado de la Aseguradora Brinks, el hecho se registró en la carretera a Roboré (Santa Cruz), los asaltantes se llevaron 2,6 millones de bolivianos y 350 mil dólares.

Producto de los operativos de la Policía lograron capturar al ciudadano brasileño Mariano Luiz Tardelli, cabecilla de la banda delincuencial, y a alguno de sus cómplices.

La Fiscalía presentó acusación en marzo de este año. Aunque hay detenidos no se recuperó el botín.

En julio de 2017 delincuentes armados asaltaron la joyería Eurochronos, al huir tomaron rehenes e intercambiaron disparos con los policías. El hecho dejó un saldo de cinco fallecidos: Lorena Torrez (gerente de la joyería), un policía y tres antisociales. Dos de los atracadores detenidos en Palmasola.

La intervención policial fue cuestionada porque no se habrían cumplido los protocolos en una situación en la que había rehenes. Además que el disparo que mató a Torrez habría provenido del lado de los uniformados; también se acusó a los policías de sustraer joyas del lugar.

La Fiscalía aún no esclareció este hecho. En febrero de 2018 la comisión de fiscales solicitó la ampliación del plazo a 18 meses para completar sus indagaciones. En consecuencia aún no hay acusación.

En agosto de 2016 se registró enfrentamientos entre cooperativistas y policías en la localidad de Panduro y en la carretera hacía Cochabamba a raíz de un conflicto de este sector en contra del Gobierno.

El lío se agravó cuando los mineros secuestraron y asesinaron al entonces viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes. Además de la autoridad murieron cinco cooperativistas, cuatro por impacto de bala de arma de fuego.

Por la muerte de Illanes, la Fiscalía aprehendió a 13 mineros y un abogado; y abrió un segundo proceso contra jefes policías vinculados en el caso. Sin embargo, hasta la fecha por la muerte de los mineros no hay ni detenidos ni avances en las investigaciones.

En marzo de 2017, YPFB incurrió en presunta corrupción en el proceso de adquisición de tres taladros de la italiana Drillmec por 48,8 millones de dólares. Aunque la compra no fue ejecutada, por ello no hubo daño económico, sin embargo se identificaron irregularidades en el proceso de adjudicación.

Por este caso, el presidente de YPFB, Guillermo Achá, fue destituido y procesado junto a otros funcionarios de la estatal petrolera. La fiscalía continúa investigando el caso.

“Ya han vencido los plazos y lo que corresponde es que se pronuncie el Ministerio Público con requerimiento conclusivo”, refirió Roger Valverde, abogado de una de las partes denunciadas.

En septiembre de 2017 se reveló que Juan Pari, jefe de operaciones de la sucursal del Banco Unión en Batallas, desfalcó Bs 36,7 millones de la entidad bancaria donde el Estado es la mayoría de las acciones, burlando todos los controles. Con ese dinero llevó una vida llena de lujos por varios años.

Una vez detectado el hecho Pari, su novia, familiares y compañeros de colegio fueron procesados y detenidos. También fueron destituidos y detenidos funcionarios de la entidad bancaria por existir presuntamente indicios de responsabilidad por la falta de control al manejo de recursos.

Han pasado 13 meses y el caso sigue en investigación. Se desconoce el monto de recursos económicos y bienes que se hubieran recuperado. En este escandaloso caso aún no existe acusación formal.

En noviembre de 2014 el bebé Alexander falleció presuntamente por agresión sexualmente, en el hogar Virgen de Fátima, dependiente de la Gobernación de La Paz (en esa gestión Cesar Cocarico era la máxima autoridad).

La Fiscalía procesó a médicos y enfermeras que atendieron al niño, y acusó al médico Jhiery Fernández por el delito de violación, hasta lograr una condena de 20 años de prisión y a dos años de cárcel a la enfermera, Lola Rodríguez y a la médica internista, Sandra Madeni.

El Ministerio de Justicia, la Gobernación y la Alcaldía de La Paz se adhirieron a la denuncia interpuesta por el Ministerio público.

Sin embargo, el caso dio un giro luego que en septiembre de 2018 se filtró un audio donde la exjueza Patricia Pacajes admitió que Fernández fue condenado sin pruebas y que la acusación se basó en presiones.

La revelación dio pistas sobre presuntas irregularidades en el proceso de investigación y juzgamiento a Fernández, quien estuvo recluido casi cuatro años en la cárcel de San Pedro.

“A los fiscales y los jueces sean valientes reconozcan que se han equivocado, errar es de humanos, y ellos se han equivocado y que digan sí me he equivocado. Yo siempre les he dicho busquen la verdad”, dijo el médico hace unos días, luego de abandonar la cárcel para cumplir su arresto domiciliario.

La Fiscalía Departamental de La Paz inició las investigaciones a Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales por dos casos, uno por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en el que ya existe sentencia contra la mujer y otros implicados.

Y el otro proceso fue abierto por el delito de trata de personas, en este caso ya existe una acusación formal. Zapata y otras personas fueron implicadas por haber utilizado a un niño para aparentar que era hijo del mandatario.

El 10 y 13 de febrero de 2018 se registraron dos explosiones durante los festejos del Carnaval en Oruro. La tragedia dejó un saldo de 12 fallecidos y más de 40 heridos.

La Fiscalía solicitó la detención de Juan Carlos H. B. quien sería responsable de la primera explosión porque aquel día tuvo una actitud pasiva frente a sus familiares heridos y fallecidos, además la Policía dijo que el acusado publicó una foto del villano de la serie Dragon Ball, Freezer, lo que se constituye en un indicio de su supuesta psicopatía.

Aunque antes de esta detención, la investigación policial identificó de manera errónea a un hombre como autor del hecho, presentó un identikit ante los medios de comunicación, sin embargo la persona aludida se presentó en la Policía para prestar su declaración.

A la fecha se desconocen las razones reales que causaron las dos explosiones  y que se cobró la vida de más de una decena de personas.

“El caso esta con un único detenido. (Lo acusan) diciendo que cuando paso el hecho él estaba donde venden CDs, que tenía afición por un personaje violento. La denuncia principal es que este joven no estaba ahí (donde pasó la explosión), que pidió alejarse para abrigarse y porque él no murió”, cuestionó Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.

En junio de 2017, la ministra de Comunicación, Gísela López, denunció la existencia de cinco contratos irregulares en el canal estatal Bolivia TV por la compra de equipos.

En esa oportunidad la autoridad presentó una denuncia específicamente por presuntas irregularidades en el proyecto denominado "provisión, instalación y puesta en marcha de sistemas televisivos e informativos" cuyo costo alcanzó a Bs 25 millones.

En este caso varias exfuncionarios públicos fueron denunciados entre ellos el exgerente general G. P., quien alegó inocencia y asegura que la acusación en su contra “es jalada de los pelos”.

El caso continúa en investigación sin que exista una acusación formal, por lo tanto tampoco hay juicio oral en contra de los implicados.

En junio de este año se destapó un presunto hecho de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) donde fueron imputados la expresidenta, Noemí Villegas Tufiño y el exgerente Nacional Técnico, Erick de las Heras, por negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, entre otros delitos, al haber adjudicado  contratos por un valor de 100 millones de bolivianos a consorcios representados legalmente  por un familiar político del gerente.

En el caso también fueron implicados el exsubgerente socioambiental de la ABC, Jonatán Lazarte, y el representante legal de consorcios de supervisión, Luis Alberto Aguilar.

El Ministerio Público continúa investigando el caso y la Justicia a la fecha no resolvió la audiencia de medidas cautelares de los sindicados.

En abril de 2017 tras un proceso de investigación, el Gobierno descubrió redes de corrupción al interior de las unidades regionales de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) sobre el alquiler y venta de bienes incautados del narcotráfico.

Por el hecho fue procesada y encarcelada la exdirectora de Dircabi, Mirtha Jiménez acusada por hechos de corrupción en la administración de bienes incautados, además de otras personas vinculadas.

El caso continúa en proceso de investigación.

En mayo de este año durante el conflicto de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) que demandaba mayor presupuesto al Gobierno, falleció por impacto de una canica disparada por arma de fuego el universitario Jonathan Quispe Vila.

Inicialmente el Ministerio de Gobierno dijo que los mismos estudiantes dispararon la canica desde un petardo ocasionando la muerte del joven; pero ante la revelación de videos el ministro Carlos Romero admitió su error y responsabilizó del hecho al subteniente Cristian Casanovas, el policía encarcelado en el penal de San Pedro.

Paola Barriga, abogada de los familiares de Jonathan, dijo que no hay pruebas de que Casanovas sea el autor del hecho y denunció que la Fiscalía investiga en reserva este caso sin permitir a las partes que accedan a la información.

Este 24 agosto, efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) fueron presuntamente “emboscados” y atacados -según el Gobierno- por grupos armados, dejando un policía fallecido y siete heridos.

Días después se registraron nuevos enfrentamientos y dos cocaleros murieron con impacto de bala de los policías.

El Gobierno acusó a Franclin Gutiérrez, presidente de Adepcoca, por estos hechos y la Fiscalía ordenó primero su aprehensión y luego su detención en la cárcel de San Pedro, a pesar que aún no existen las pruebas que demuestren los delitos por los que le imputaron, además  otros cocaleros también están detenidos.