Juzgado que sentenció a Jhiery Fernández. Foto: El Diario
La Paz, 19 de septiembre (ANF).- La abogada Lizeth Zarco, miembro de la primera comisión de fiscales que investigó la muerte del bebé Alexander, del 13 de noviembre al 5 de diciembre de 2014, declaró en el juicio oral del caso que “no se no encontró ningún indicio o elemento que vincule en forma directa o indirecta al médico Jhiery Fernández” con la supuesta violación del bebé Alexander por lo que fue apartado del caso.
La pericia forense apuntaba a una violación al bebé y la comisión descartaba este extremo, pero tras 23 días sin un culpable, el fiscal general Ramiro Guerrero decidió destituir a las fiscales Edna Montoya y Lizeth Zarco por “su falta de compromiso y dedicación al trabajo”. La fiscal Rosby Zapata renunció.
Las autoridades y la población movilizada exigían un culpable por el horrendo crimen contra Alexander y Guerrero conformó una nueva comisión con Leopoldo Ramos y Susana Boyan que se integraron al fiscal de la primera comisión, Edwin Blanco, y a la fiscal departamental Patricia Santos.
El 16 de diciembre de ese año, Fernández es citado nuevamente a declarar a la fiscalía por Edwin Blanco y al llegar es aprehendido e inmediatamente llevado a la cámara Gessel, pero ante su oposición a declarar en ese cubículo, es conducido a la oficina de Blanco y en el trayecto ve a Ramiro Guerrero.
En su oficina Blanco le aclara al galeno que “es culpable mientras no se demuestre lo contrario”, denunció Fernández, y es ahí donde junto a la fiscal Susana Boyan alteran sus declaraciones. Fernández junto a su abogado advierte antes de firmar que el documento de su declaración fue alterada porque, según el escrito, acepta haber violado al bebé Alexander. El hecho fue denunciado ante los medios de comunicación por el abogado.
Según la nueva comisión de fiscales, en el cuerpo de Alexander se halló el antígeno específico de la próstata (PSA) que prueba que el lactante de ocho meses fue agredido sexualmente, y por eso imputó por violación al médico en ese entonces de 34 años.
La fiscalía encarceló y acusó a Fernández sin tener la certeza de que sea el responsable, ya que los resultados del examen de ADN que le realizaron se conocería días después, sin embargo la fiscal departamental, Patricia Santos, apostó por su culpabilidad. Los resultados no le dieron la razón.
Luego de más de tres años de juicio, Fernández fue sentenciado a 20 años de cárcel por la violación y muerte del bebé Alexander sin que exista ninguna prueba científica en su contra, ya que nunca se estableció que el PSA “encontrado” en Alexander le pertenezca.
Pero seis meses después, un audio en el que habla la jueza que llevó su caso, Patricia Pacajes, reveló que las acusaciones contra él fueron armadas con la dirección del fiscal general Ramiro Guerrero, de quien siempre sospecho, y los fiscales Edwin Blanco y Susana Boyan.
Pacajes dice en el audio que ella y todas las autoridades que siguieron el caso sabían de la inocencia de Fernández y que no existía violación al bebé, pero decidieron seguir por la presión política y por no reconocer que se equivocaron al establecer en el peritaje que hubo violación.
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