Familiares de los tres detenidos en marcha por la democracia denuncian acusación infundada
La próxima audiencia se realizará la siguiente semana. Las familias apelan a que puedan salir en libertad.
17 de Noviembre, 2022
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Foto archivo: ANF
La Paz, 18 de noviembre de 2022 (ANF).- Rodolfo R.O., Ricky F.R. y Mauricio B.H. se encuentran un poco más de 100 días detenidos preventivamente en el penal de San Pedro, en La Paz. Sus familias luchan día a día por lograr su libertad mediante apelaciones semanales que deben sostener mediante rifas solidarias y aportes solidarios de dinero, para tratar de cubrir los ingentes gastos.
La próxima audiencia será la siguiente semana y se mantienen expectantes de que el calvario concluya, pues los tres perdieron sus fuentes de trabajo con la detención infundada y tienen dependientes a quienes mantener.
El 21 de julio, los tres fueron aprehendidos en la plaza Abaroa tras finalizar la marcha en defensa de la libertad, justicia y democracia convocada por el Colegio Médico de Bolivia. Catorce instituciones y organizaciones sociales de diferentes sectores se movilizaron ese día.
De ocho personas que fueron detenidas esa jornada solo los tres fueron sometidos a medidas cautelares y enviados al penal de San Pedro solo por portar petardos, una pequeña botella de vinagre y escudos artesanales, contó a este medio el padre de Rodolfo, Juan Carlos Rodríguez. Los tres se encuentran imputados por el delito de tenencia, porte y portación de armas.
Los otros fueron liberados horas más tarde, al tratarse de militares de civil infiltrados en la protesta que con identidades falsas se hicieron pasar por “activistas” en las organizaciones civiles críticas al gobierno del presidente Luis Arce.
Hoy no se los encuentra para que declaren como testigos y se busque la libertad de los tres jóvenes, aseguró a ANF la abogada Carmen Arista
“No hay una correcta valoración por parte de las autoridades porque hay injerencia. Cuando hablamos de los testigos, es una situación de imposible cumplimiento. Vengo pidiendo que se pueda emitir un requerimiento a las Fuerzas Armadas para que nos den el lugar o nos informen de estos (militares) y el Ministerio Público no emite dicho requerimiento hasta el presente, ese sería el único óbice”, señaló.
Este medio solicitó la contraparte el Ministerio Público; no obstante, no se obtuvo respuesta.
Los tres jóvenes cumplieron los tres meses que dispuso la justicia para su detención; mas fue ampliada un mes más para continuar con los actos investigativos. La anterior semana ya se realizó la inspección técnica ocular.
“Es una justicia tan imparcial y tan instrumentalizada por el Gobierno. Sin que existan explosivos, armas o ningún elemento, estos muchachos están siendo privados de libertad, están siendo sometidos a una justicia que no les escucha. Estamos viendo una división absoluta entre ciudadanos a los que se les va a proteger y ciudadanos a los que no se les va a brindar ninguna protección, y este es el caso de los tres”, dijo la abogada.
En marzo de este año, el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) identificó al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el nivel de politización de la justicia en el país. El relator Diego García-Sayán elaboró el documento que señala que autoridades judiciales están “expuestas a diversas formas de injerencia o presión”, un problema que es de larga data y aún no ha sido erradicada.
Apelaciones cada semana
Resignado por su encierro, pero con su lucha siempre firme, así se encuentra Rodolfo R.O. dentro del penal de San Pedro, contó su padre a este medio. Para buscar su libertad, la familia y su defensa han tenido que apelar “cada semana” en busca de este objetivo que hoy no se logró.
El joven de 36 años, quien realizaba trabajos de gigantografía y estudiaba la carrera de Derecho, al presente ya no puede pagar las pensiones de su hija adolescente. A su vez, tras su detención el hombre perdió algunos contratos y aún no ha pagado uno que debía cumplir en Irupana, en los Yungas de La Paz, pues justamente ese día y después de la movilización iba a viajar a ese destino.
“Lastimosamente mi hijo sigue con detención preventiva. Ya está yendo al cuarto mes. Hemos hecho 12 a 15 apelaciones, cada semana y todas han sido negadas. Ahora ya está mejor, ya ha resignado su permanencia allá, dice que: ‘es político no me van a soltar, pero no voy a claudicar, voy a seguir luchando por un cambio de justicia, no voy a bajar los brazos´. La familia lo está apoyando para continuar con esta lucha”, enfatizó Rodríguez.
El progenitor consideró que el Gobierno solo quiere “escarmentar” a su hijo teniéndolo en la cárcel y que a diferencia de meses anteriores, ahora la familia lo defiende sola, pues la ayuda que recibieron de algunas instituciones y políticos anteriormente, hoy ya no es visible. Respecto a los gastos económicos, ya suman más de Bs 15.000, dinero que no solo se va al proceso judicial, también a los pagos en la misma cárcel.
“En el penal se paga hasta para entrar al baño, de las llamadas, el ingreso, todo. La familia está solventada por la familia. Nosotros no vamos a cometer el error de bajar los brazos, Bolivia necesita de estos jóvenes”.
Cinco hijos quedaron al cuidado de la madre
Mauricio B.H. y su esposa, Tatiana Vargas, están con toda la actitud positiva para que en la siguiente audiencia “por fin” él pueda salir en libertad. Los cinco niños que tienen –de cuatro a 14 años- ahora quedaron al cuidado solo de ella.
Ambos se dedicaban –y él con mayor propulsión- a la venta de ropa y productos de belleza. Ahora los gastos se sumaron a la mujer, quien además tiene que ver la forma de pagar los gastos en el penal.
“Estamos con positivismo para que ya salga libre. Tengo un problema serio con la dueña de mi casa porque no le estoy cumpliendo con los alquileres, me están quedando un poco fuerte. Nos perjudicaron con una detención totalmente ilegal. Es muy dura la situación que estamos pasando”, dijo.
La esposa aseguró que Mauricio “no va a dejar su lado político” y será cuidadoso, pues “tiene la convicción de que quiere un país libre para sus hijos”.
Un bebé de cinco meses en camino
“Mi hijo está bien nervioso, porque su esposa ya está yendo a su quinto mes de embarazo y es de riesgo. Mi hijo tiene dos niños más, de 10 y 8. Ahora, la madre de ellos debe hacer todo lo posible para sustentarse, yo también la ayudo, pues mi hijo ya no puede trabajar”, dijo con mucho pesar la mamá de Ricky F.R. y quien optó por no dar su nombre.
Ella aseguró que “es injusta” esa detención ya que él, de 32 años, solo portaba su billetera y su celular.
“Cuántas veces hemos solicitado cesación y no quieren. Este caso no tiene pies ni cabezas. Mi hijo no es político, estamos en una situación álgida en este momento”, manifestó la madre, quien también perdió su trabajo en una empresa como vendedora de audífonos para gente sorda por no faltar a las audiencias y realizar todos los trámites en el Ministerio Público y los juzgados.
Además de luchar para que Ricky salga libre, la progenitora también debe apoyar a sus otros hijos; asimismo le entrega Bs 10 o Bs 20 cuando lo visita en la cárcel.
Ricky trabajaba en una empresa de bienes raíces y estudiaba dos carreras, una de ellas era Comercio Exterior.
“He cambiado de abogado. Todo el día estoy buscando cómo hacer para sacarlo a mi hijo. Quiero apelar, pero la justicia es la misma. Solo me queda seguir buscando ayuda”.
La abogada Carmen Arista –Jorge Valda también es el abogado de ellos- señaló que la defensa que realiza está dirigida a Mauricio, Rocky y Rodolfo.
