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Nacional Seguridad

Caso Adepcoca: Es una persecución política muy dura que busca atemorizar a los dirigentes

Mollehuanca considera que están frente a una abierta persecución política por parte del Gobierno que “así vayamos a conseguir unos 100 o 200 abogados, el gobierno no va a dar su brazo a torcer sobre el proceso contra César Apaza y demás dirigentes”.
29 de Diciembre, 2022
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La Paz, 29 de diciembre de 2022 (ANF).- La persecución penal que lleva adelante la fiscalía en contra de 15 dirigentes de Adepcoca, de los cuales ocho ya fueron aprehendidos sin guardar las formalidades de ley y vulnerando sus derechos, mantiene a las bases y a la dirigencia cocalera de Los Yungas de La Paz en cautela y coordinaciones en busca de una estrategia para hacer frente a la arremetida gubernamental.

En el propósito de desarticular al movimiento cocalero que exigía el cierre del mercado de Villa El Carmen, paralelo de Adepcoca, la fiscalía acudió a detenciones tipo secuestro, fuera de las horas habituales y con personal civil, uso de la tortura para obligar a firmar órdenes de aprehensión y hasta siembra de pruebas por parte de la policía, de acuerdo a las denuncias.   

“Ha sido una persecución muy dolorosa y conflictiva que busca atemorizar a nuestros dirigentes, por eso es que nos tenemos que cuidar, los socios en su momento nos han indicado que debemos cuidarnos”, dijo a ANF el exdirigente de Adepcoca Chulumani, Wilson Mollehuanca.

Mollehuanca considera que están frente a una abierta persecución política por parte del Gobierno que “así vayamos a conseguir unos 100 o 200 abogados, el gobierno no va a dar su brazo a torcer sobre el proceso contra César Apaza y demás dirigentes”.

El último aprehendido en noviembre fue Gonzalo Lupaca y con él suman ocho los dirigentes procesados por los hechos de violencia durante la toma y quema del mercado ilegal de la coca impulsada por el dirigente afín al gobierno, Arnold Alanes.

Los otros detenidos son Freddy Machicado, César Apaza, Juan Cocarico y Raúl Uría quienes recibieron detención preventiva, y Rosalva Vargas y Gudelia Botitano que tienen arresto domiciliario.


Foto composición: Página Siete 
Mollehuanca indicó que las organizaciones se vienen rearticulando para continuar con la defensa de los dirigentes detenidos. Buscan nuevas estrategias para afrontar la persecución política.

“No es fácil esta situación porque sabemos que el Gobierno tiene todo el poder y por eso amerita analizar y profundizar de qué manera se va a encarar nuevamente este problema; en 2023 no se va ir con las mismas estrategias, sino con otras”, apuntó.

Mollehuanca indicó que son varias las familias cocaleras que vienen sufriendo por los atropellos del Gobierno, como el caso de César Apaza que fue aprehendido de forma ilegal y sometido a tortura, y que actualmente se encuentra aislado en el penal de Chonchocoro como represalia por haber denunciado el maltrato recibido.

“Vemos que nuestro compañero César ha sido uno de los dirigentes más fuertes para el Gobierno y por eso ha visto la oportunidad de poder acallarlo”, indicó.

La madrugada del 22 de septiembre Apaza fue interceptado por al menos ocho sujetos no identificados encapuchados cuando bajaba de un taxi en inmediaciones del mercado de los productores de coca de La Paz (Adepcoca) en Villa Fátima. Los desconocidos, que luego resultarían ser policías, le rociaron abundante gas lacrimógeno en la cara para reducirlo. Apaza se defendió, pero lograron introducirlo a un vehículo sin placas, donde recibió más golpes para inmovilizarlo. En ningún momento de la intervención, similar a la modalidad delincuencial de un secuestro exprés, alguien se identificó como policía o fiscal para dar legalidad al operativo.

En la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de La Paz, el coronel Rolando Rojas, director departamental, ordenó la tortura en contra de Apaza hasta que firme la orden de aprehensión. Ante la negativa, policías arremetieron contra el dirigente: patadas a la altura de riñón, espalda, abdomen y cabeza; un policía le aplicó un fuerte pisotón que le fracturó la mano derecha.

Mollehuanca indicó que por ahora son los abogados y familiares los únicos que están visitando a los detenidos mas no los dirigentes por las amenazas de detención que existen debido a la falta de garantías en el país, con un Gobierno que controla el Ministerio Público.

“Somos varios de los dirigentes que estamos con mandamiento de apremio y por esta situación no podemos acercarnos a las cárceles, pero se ha delegado a otras personas que están haciendo el seguimiento de esta situación”, indicó.


Ensañamiento contra Apaza

La familia de César Apaza denunció que nunca fue notificada para el traslado del dirigente a Chonchocoro ni Régimen Penitenciario presentó alguna documentación que certifique que haya cometido alguna infracción en el penal de San Pedro.

“Régimen Penitenciario no nos ha dado ninguna información sobre el motivo del traslado, solo por los medios de comunicación nos hemos enterado que le habrían encontrado dos celulares, pero no son de mi hermano, nunca Régimen ha entregado alguna certificación de lo que dice”, dijo a ANF Miriam Apaza.

La hermana indicó que, si bien César está mejorando de la fractura en la mano derecha causada por la policía el día de la aprehensión, persiste en él un dolor intenso a la altura del hígado que también es producto de la tortura infligida por los policías bajo órdenes del director departamental. 

La familia dijo que es muy dificultoso ir a visitarlo debido a la lejanía del penal de Chonchocoro. “Estamos haciendo los esfuerzos para asistirlo, el lugar es tan alejado que no podemos saber si está bien o mal o sufre alguna emergencia, es una situación muy difícil”.

/FC/

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    Caso Adepcoca

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