La Paz, 20 de abril (ANF).- La presidenta del Colegio departamental de Psicólogos de La Paz, Verónica Alfaro, señaló que el hostigamiento y acoso judicial al que fue sometido Marco Antonio Aramayo con el desdoblamiento de sus procesos en centenares generó elevados niveles de ansiedad y estrés que ocasionaron un gran desgaste físico y emocional en detrimento de su salud.
Alfaro indicó que el impacto es mucho mayor cuando se lo aplica a personas con enfermedades de base, como Aramayo que padecía hipertensión y diabetes, lo que constituye tortura sicológica.
“Todas las personas que están con alguna enfermedad de base y las sobrecargamos de estrés ¿Qué estamos haciendo? Esta es una tortura psicológica”, dijo Alfaro a ANF.
Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena, falleció el martes debido a una “falla multiorgánica” agravada por un cuadro de “diabetes e hipertensión”, según el informe médico del hospital donde estaba internado desde el sábado.
Alfaro recordó que generalmente a las personas con diabetes “se les dice que tienen que estar en paz, en calma, y si la sobrecargamos de una situación de estrés, que nunca acaba, esta situación de estrés los debilita”.
“Todas las emociones, todas las reacciones que como personas normales tenemos, para estas personas, que afrontan muchos procesos penales, significa tremendos conflictos que podrían ocasionar un deterioro considerable en sus funciones normales de razonamiento, cognición y sobre todo de las situaciones normales de salud”, dijo la psicóloga forense.
El abogado especialista en Derechos Humanos, Jorge Quiroz, coincidió en que lo que sufrió Aramayo fue tortura sicológica por parte de jueces, fiscales y policías que se coludieron para iniciar más de dos centenares de procesos a una persona, lo que considera algo jamás visto, algo “histórico e inhumano”.
Dijo a ANF que la muerte de Aramayo es una responsabilidad del Estado boliviano que no podrá eludir, y apuntó contra la Dirección de Régimen Penitenciario y la acusó de no velar por la salud del procesado, al igual que los jueces, por lo que existe una corresponsabilidad institucional.
“El Estado puede pretender lavarse las manos con los jueces y con los funcionarios de régimen penitenciario, pero la responsabilidad es del Estado; la Constitución Política del Estado establece que la justicia es una función primordial que ejerce el Estado en relación a las personas que va a someter a esta misma justicia, entonces no hay forma de que el Estado pueda soslayar su responsabilidad frente a lo ocurrido”, apuntó.
El Instituto de Terapia e Investigación contra la Tortura (ITEI) corroboró mediante un informe -que difundirá en dos semanas-, que Aramayo sufrió los cuatro tipos de tortura durante los siete años que estuvo en privación de su libertad: física, psicológica, biológica y sexual.
Para Alfaro, “hay una responsabilidad de aquellas personas que no han visto su condición de salud de Aramayo, de esa enfermedad preexistente, y que con esa situación de sobrecarga de los juicios se agravó su salud”.
Lamentó que el Ministerio Público en lugar de agrupar los procesos por delitos similares, como parte de la obligación judicial, los desagregue y vaya en contra de la salud de la persona.
El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, dijo que el área de salud del recinto penitenciario de San Pedro atendió en varias oportunidades a Aramayo y mencionó que se cuenta con un registro de al menos 20 salidas médicas para ser tratado por galenos especialistas en los centros médicos con los que Régimen Penitenciario tiene convenios.
Héctor Castellón, abogado de Aramayo, denunció que Régimen Penitenciario nunca se preocupó por la salud de su defendido en vida, y que solo en esta última semana cuando su patrocinado sufrió una emergencia e ingresó en coma diabético, se movilizó.
“Las atenciones médicas siempre fueron procuradas por Marco Aramayo a través de la defensa, Régimen Penitenciario nunca se preocupó de darle ni siquiera una aspirina, Régimen Penitenciario ha sido cómplice durante siete años de ese maltrato y de esos traslados intempestivos”, señaló.
El jurista indicó que la atención médica oportuna y por lo menos constante, hubiese sido preponderante para salvaguardar la vida de Aramayo, pero esto nunca ocurrió.
“Marco tenía primero que solicitar al médico del penal que le dé una orden de salida para que recién la autoridad jurisdiccional determine esa salida, eso no es una atención humana, entonces, evidentemente el salvar la vida no ha sido una preocupación de Régimen Penitenciario”, enfatizó.
La presidenta del Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz lamentó el desenlace en el caso Aramayo en una situación considerada controlable por parte de los funcionarios.
“Yo no entiendo por qué no han dado el grito de alarma en los penales, si existe alguien con una enfermedad de base tiene que estar en un control riguroso, teniendo además ese tipo de situaciones de sobrecarga de estrés”, refirió.
Remarcó que la situación de estrés y mental deteriora a cualquier persona y esa preocupación la va ir debilitando: va entrar en un insomnio, el insomnio va a traer cefalea y falta de apetito, o por la ansiedad demasiado apetito, y como consecuencia va a tener trastornos alimenticios, trastornos del sueño y trastornos del estado de ánimo.
“Cuando uno entra en un estado de estar en un proceso judicial, y no solo en uno sino en varios, imagínese el nivel de estrés que tiene que soportar esta persona; si tengo trastornos del sueño, trastornos alimenticios, trastornos del estado de ánimo, esto repercute en mi salud y esto va a ir deteriorando efectivamente toda la salud de cualquier persona”, apuntó.
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