La Paz, 2 de enero (ANF).- La Jueza Cuarto Anticorrupción de La Paz, Melina Lima, dispuso este jueves la detención preventiva de Oreste S. y arresto domiciliario para María S. Q., ambos funcionarios públicos investigados por difundir mensajes "sediciosos", en contra del actual Gobierno. Ante esta situación, el director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), Carlos Olivera, instruyó la realización de auditorías a los contratos de difusión de mensajes en Redes Sociales para verificar si hubo desvío de recursos para fines políticos.
"La señora jueza de turno ha dispuesto la detención preventiva del señor Oreste S. y medidas sustitutivas a la detención preventiva para la señora María S. Q. Se ha actuado con la debida objetividad, se ha establecido que existen mayores elementos de juicio que hacen presumir una mayor participación del señor Oreste en lo que se investiga el era el que hacía el dominio de la página", informó el fiscal Edwin Enriquez.
Explicó que se dispuso la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para Oreste S., debido a que existirían varios indicios que dan cuenta que él administraba la página "La Resistencia", desde la cual se difundían mensajes con el fin de "desestabilizar" al actual Gobierno. Dichas publicaciones iniciaron el 19 de noviembre de 2019.
En cambio, María S. Q. fue vinculada a raíz de que en su teléfono celular se encontraron mensajes de "publicaciones sediciosas" y por eso ahora debe cumplir el arresto domiciliario sin salidas laborales.
El fiscal dijo que ambos son funcionarios públicos de la Agetic y no podían usar bienes del Estado para hacer campaña contra el Gobierno.
En ese sentido, ambos funcionarios fueron imputados y sometidos a audiencia de medidas cautelares por los delitos de uso indebido de influencias, uso indebido de bienes y servicios públicos y sedición.
El fiscal anunció que convocarán a declarar en calidad de testigos a más funcionarios públicos de la Agetic y de otras instituciones públicas desde donde operaban los denominados "guerreros digitales".
Este caso se descubrió el 31 de diciembre de 2019, cuando la Policía hizo allanamientos a oficinas de la Agetic y descubrió que desde ahí operaban los "guerreros digitales". Los uniformados secuestraron equipos de computación del lugar para analizar la información relacionada a este caso.
Ante esta situación, el director de la Agetic anunció el inicio de auditorías a los contratos de difusión en redes sociales para verificar si hubo irregularidades en perjuicio de la economía del Estado.
“Estamos instruyendo auditorías internas. Un caso que es muy típico es el tema de los contratos con redes sociales, el contrato de publicación y difusión por redes. Estamos haciendo una auditoría para ver cómo se usaron estos recursos", refirió Olivera.
La autoridad dijo que se quiere saber si los recursos destinados a Redes Sociales fueron usados para temas institucionales o con fines partidarios. Para Olivera los dos funcionarios procesados son parte de lo que quedó del anterior Gobierno del MAS.
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