La Paz, 24 de julio (ANF).- En medio de la crisis sanitaria por causa del coronavirus (Covid-19), el Gobierno de Jeanine Áñez y la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, interpusieron procesos penales el uno contra el otro exigiendo respeto a las normativas vigentes en el país.
"El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, interpone denuncia penal contra Nadia Cruz por los delitos de prolongación y usurpación de funciones. Cruz ejerce el cargo de "Defensora del Pueblo", de forma ilegal, por más de 90 días", señala la información difundida por el Ministerio de la Presidencia, a través de su cuenta de Twitter.
Según el gobierno, el interinato de Cruz inició el 30 de enero y feneció el 30 de abril de 2019 (90 días), tal como establece una sentencia constitucional, por tal motivo, no reconocen los actuados que realiza esta ciudadana desde la Defensoría del Pueblo y exigieron a la Asamblea Legislativa Plurinacional elegir a un (a) nuevo (a) representante.
Además, "todos conocen que la señora Nadia Cruz tuvo una estrecha relación con el MAS, fotografías reflejan su cercanía a Juan Ramón Quintana, por ejemplo, con Quintana participó en un cabildo junto al dirigente y representante de los cocaleros del trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez", apuntó el ministro Yerko Núñez.
Señaló que la ciudadanía necesita una representante que defienda los derechos y garantías y no así los intereses políticos.
Por su parte, la Defensora del Pueblo también denunció ante el Ministerio Público al ministro Núñez y al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, por desconocer e impedir el trabajo de esta institución defensorial.
De acuerdo a la denuncia de la Defensora del Pueblo, ambas autoridades adecuaron sus conductas a los ilícitos de sedición, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes e impedir o estorbar el ejercicio de funciones.
Cruz recordó que fue nombrada en el cargo de manera interina por la Asamblea Legislativa conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 870 del Defensor del Pueblo, que señala que ante la ausencia del titular se designará a un interino de entre los delegados defensoriales adjuntos habilitados, “en tanto se realice un nuevo proceso de elección, selección y designación”.
También hizo notar que está vigente una Medida Cautelar en su favor y del delegado defensorial de Cochabamba, Nelson Cox, dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Nadia Cruz advirtió con un posible juicio de responsabilidades en contra de la Presidenta Jeanine Áñez, si es que sus ministros continúan obstaculizando el trabajo de la Defensoría.
“En caso de que la Presidenta, a través de sus ministros, continúe rehusando dar información a la Defensoría del Pueblo, anuncio que voy a pedir un juicio de responsabilidades en contra de ella, porque no va a obstaculizar el trabajo de la Defensoría”, dijo Cruz.
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