La Paz, 24 de marzo (ANF).- Eduardo
Jorge L.G., gerente de Administración de Provisión de Servicios de la
Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) cumplirá detención preventiva
en el penal de Palmasola de Santa Cruz por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, legitimación
de ganancias ilícitas y asociación delictuosa, dentro del caso Cotas.
Así lo informó el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, quien indicó que la decisión fue asumida por el Juzgado Catorceavo de Instrucción en lo Penal de la ciudad de Santa Cruz.
Salguero explicó que se presentaron los elementos de convicción que demostraron la probabilidad de autoría de los delitos imputados e investigados y se acreditó los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización de la investigación.
El pasado 16 de febrero, el Ministerio Público recibió la denuncia del robo de más de $us 7 millones de Cotas a partir de su promoción “Cotas en cuotas”, ilícito del que habría participado Eduardo Jorge L.G.
Las investigaciones señalan que el 2011 la Cotas inició con la promoción mencionada para beneficiar a los socios con la adquisición de equipos de televisión, portátiles, celulares entre otros dispositivos electrónico.
Es entre los años 2017 y 2018 que se registraron irregularidades dentro de esta promoción, específicamente en el departamento comercial de Cotas, lugar donde se gestionaba “Cotas en cuotas”.
Según el fiscal Gary Coronado Murillo, en el proceso investigativo se evidenció que Eduardo Jorge L.G., tenía conocimiento de la existencia de los actos irregulares y delitos e incluso habría motivado a renunciar a cuatro funcionarios de Cotas para tapar el daño económico que afecta al patrimonio de los socios, con un monto inicial de más de Bs 53 millones.
A la fecha se tienen nueve imputados por el caso Cotas. Seis se encuentran recluidos en Palmasola, dos cuentan con medidas sustitutivas, arraigo y fianza de Bs 100.000. Además, el ex presidente de Cotas Iván N. U., fue beneficiado con detención domiciliaria, arraigo, fianza de 300.000 bolivianos y presentación una vez cada siete días ante el Ministerio Público.
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