La Paz, 10 de enero (ANF).- La Sala Penal Segunda y el Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz dispusieron la detención domiciliaria para el Contralmirante Freddy Ballesteros y el abogado Carlos Jang Hur, principales acusados del Ministerio Público por la estafa y corrupción en el proceso de adquisición por el Estado de 16 barcazas chinas y dos empujadores, por un costo de más de 28 millones de dólares, según la información a la que accedió ANF.
La audiencia de Ballesteros se llevó en la Sala Penal Segunda donde logró desvirtuar los riesgos procesales y esa instancia dispuso el arresto domiciliario además del arraigo, tres garantes solventes, la prohibición de acercarse al resto de los procesados y acudir a los actos procesales del caso.
“La Sala Penal declara la admisibilidad de la apelación, procedente en parte los agravios expresados en esta audiencia, en el fondo se revoca la resolución N° 341/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, determinándose las siguientes medidas sustitutivas a la detención preventiva: la detención domiciliaria…”, refiere la resolución judicial a la que tuvo acceso ANF.
La audiencia se llevó el 27 de diciembre de 2019 y recientemente se notificó con la resolución a las partes de este caso. Hasta este viernes, Ballesteros cumplió con todas las medidas dispuestas y en las próximas horas podrá salir de la cárcel de San Pedro, lugar donde estuvo recluido preventivamente desde febrero de 2013.
El Contralmirante Ballesteros fue imputado y acusado formalmente para ir a juicio por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
El exjefe militar fue involucrado debido a que en su calidad de gerente general de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) firmó un contrato con empresas coreanas-chinas para la compra de las barcazas y remolcadores en 2009.
Ballesteros hizo el pago por adelantado para la adquisición de esos bienes. Las barcazas y empujadores debían entregarse a finales de 2010, pero por líos judiciales permanecen en China, hasta el 2015 el Estado tenía una deuda por almacenaje de las barcazas en un astillero de $us 15 millones.
El otro implicado en este caso es el abogado Hur, quién también se benefició con el arresto domiciliario, medida fue dispuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia.
“El Tribunal declara procedente la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por Carlos Jang Hur, en consecuencia, dispone la detención domiciliaria del acusado”, refiere la resolución al Tribunal a la que tuvo acceso ANF.
Además, el sindicado debe cumplir con las siguientes disposiciones judiciales: arraigo, presentación en el Ministerio Público cada 15 días, señalar un domicilio real donde cumplirá la medida y una fianza de Bs 100 mil.
La Fiscalía acusó a Hur por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, incumplimiento de contratos y asociación delictuosa, debido a que él era representante legal de la empresa General Marine Businnes (GMB), entidad con la que el Estado hizo el acuerdo para la transacción.
La gestión pasada el Jang Hur logró beneficiarse con las medidas sustitutivas, pero las mismas fueron revocadas. Ahora, el sindicado podrá salir de la cárcel una vez cumpla con las disposiciones judiciales.
El caso Barcazas que se conoció el 2012 reveló graves irregularidades en la suscripción del contrato entre la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) y las empresas coreanas-chinas subcontratadas por la compañía General Marine Business el 2009, para la construcción de barcazas y empujadores.
Enabol pagó al contado y por adelantando $us 28 millones, de ese monto, $us 3 millones debían ser destinados al transporte de los bienes que nunca llegaron al país, durante las investigaciones se conoció que esos recursos económicos fueron a parar a cuentas de terceras personas.
Hasta la fecha el Estado no ha podido recuperar esos productos navieros, debido a que el caso está envuelto en un litigio internacional.
En enero del 2019 se conoció que el Tribunal Marítimo de Quingdao falló a favor de Bolivia y le restituyó el derecho propietario sobre 16 barcazas y 2 remolcadores que estaban en litigio. Pese a eso las barcazas no fueron trasladadas al país y se teme que los bienes estén deteriorados.
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