La Paz, 24 de octubre de 2022 (ANF).- La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Marina Vargas, denunció que el Presidente de la Juventud Yungueña, Raúl Uría, fue detenido sin prueba alguna en un proceso considerado político y que ahora se encuentra a merced de las autoridades en el penal de San Pedro de La Paz con un continuo maltrato con el propósito de doblegarlo.
“Como no existen pruebas para procesarlos (a los dirigentes cocaleros), entonces los tienen así, de un lado a otro, no hay pruebas evidentes, solo son detenciones políticas, esto es lo más triste en un Estado de derecho”, dijo a ANF.
Vargas refirió que cualquier persona espera que mínimamente se respeten sus garantías e integridad física, pero no, “es un atropelló a la dignidad del ser humano, a la integridad física de la persona y no funciona nada”.
En el caso de Raúl Uría, la activista aseveró que el dirigente fue detenido cuando estaba en un vehículo rumbo a Beni, sin siquiera portar una mochila con ropa, pero le sembraron pruebas, “le hicieron aparecer una mochila portando dinamita y otros objetos, y supuestamente estaba yendo a armar conflictos”.
Uría fue aprehendido por policías la madrugada del 15 de septiembre sin ninguna notificación y acusado por supuesto tráfico de armas. Hoy se encuentra en la cárcel de San Pedro en calidad de castigado en la cocina, un lugar de hacinamiento y húmedo, donde las horas de trabajo sobrepasan las normas laborales y sin ningún tipo de pago, es decir en explotación, como los más de 40 internos que ahí se encuentran.
Vargas considera esta situación una forma de tortura para los internos, que así como Uría, trabajan desde las tres de la madrugada hasta altas horas de la noche, privados de dormir lo suficiente y bajo continua presión.
“Esperemos que ahora que hay un nuevo Defensor del Pueblo intente poner las reglas legales en camino y no se detenga de esa manera a tanta gente, de manera ilegal, porque son detenciones ilegales, y una violación brutal de la integridad física de las personas”, apuntó.
César Apaza, presidente del Comité de Autodefensa de los cocaleros fue aprehendido y torturado la madrugada del 22 de septiembre por personas de civil que resultaron ser policías. El fiscal y el juez, así como el médico forense, invisibilizaron las torturas.
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