Demandan visita de organismos mundiales por deficientes medidas en penales ante el Covid-19

Señalan que pese a las sugerencias con anticipación realizadas por estos organismos para evitar contagios y muertes en las cárceles por el Covid-19, las medidas aplicadas por el gobierno fueron insuficientes y con consecuencias fatales.

“Si bien las organizaciones internacionales han informado a todos los países sobre los peligros del Covid-19 en las cárceles por el hacinamiento, recomendando varias medidas urgentes que muchos países asumieron inmediatamente, descongestionando su población penitenciaria, las acciones del Estado boliviano han sido deficientes”, señala el documento de denuncia nacional e internacional.

Medidas en el país como el Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, modificado y aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, no ha tenido el efecto deseado por sus “amplias limitaciones y trámite burocrático, amplificado con un sistema de justicia con demasiadas carencias operativas y ralentizado por las medidas asumidas por la pandemia”.

Hasta la fecha existen más de 70 privados de libertad infectados y una veintena de fallecidos en al menos cuatro cárceles del país, y la situación se agrava por la deficiente atención médica y sistema de salud en los penales que carecen de galenos y medicamentos. 

Resultado de las deficientes medidas, las muertes en los penales han continuado en los últimos días en la cárcel de San Pedro de La Paz en el que ya fallecieron siete internos con síntomas de Covid-19 y donde se desveló la insuficiente participación del Estado.

En ese recinto penitenciario “hay un estado de preocupación muy alto y desolación” por la situación de salud y los fallecimientos. Por información de los internos se conoce que “la atención médica es precaria, sin apoyo del Servicio Departamental de Salud ni de autoridades nacionales del área”. 

“Se denunció que algunos de los fallecidos no fueron evacuados inmediatamente bajo protocolos de bioseguridad, aspecto que ha puesto a los mismos familiares desesperados e impotentes viendo la situación de sus seres queridos”, se lee en parte del comunicado.

Como ejemplo, agrega, se conoce que el 7 de julio fallece el señor Segundino Pari, por problemas respiratorios; “lo dejaron en su celda que comparte con su hijo menor de edad, por casi 8 horas (sin atención), este interno se encontraba en detención preventiva”. 

Otros ejemplos dramáticos son los encontramos en el caso de Oscar Gumercindo Chambi, de quien se conoció de su estado grave de salud por su esposa, quien denunció que el mismo se encontraba en una sala común, con fiebre alta, dolor intenso en la garganta y en el cuerpo, pero no había sido atendido por el médico ni obtenido la medicación necesaria para su dolencia.

Otro caso, señalan, es el del interno Franklin Sandi de 79 años de edad, que fue evacuado del penal en estado grave el 7 de julio, falleciendo al día siguiente.

Ante esta situación los demandantes exigen se revise y modifique el Decreto de Indulto y Amnistía con el fin de que pueda beneficiar a una mayor cantidad de población carcelaria en el país, rebajando las condiciones y limitaciones que presenta, principalmente en temas de homicidio, robo y delitos de sustancias controladas.

Piden la conformación de una comisión de auditoría con la participación de expertos nacionales e internacionales para que revisen los casos con excesivo tiempo en detención preventiva.

También que se garantice a las personas privadas de libertad atención preventiva de salud con el fin de que la pandemia de Covid-19 no se expanda entre la población carcelaria del país, y se apliquen protocolos adecuados para el tratamiento de infectados.