Ataúd de uno de los cocaleros fallecidos en La Asunta. Foto: AFP
La Paz, 18 de julio (ANF).- La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) pidió mediante cartas dirigidas al presidente Evo Morales, al ministro de Gobierno Carlos Romero, al ministro de Justicia Héctor Arce y al fiscal departamental de La Paz, Williams Alave, el esclarecimiento de las muertes de dos cocaleros ocurridas en la intervención policial en zona productora de La Asunta, el 29 de agosto de 2018.
“La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) lamenta que estos dos fallecimientos a la fecha no estén esclarecidos o por lo menos en etapa de investigación para dar con los responsables de tan lamentables acontecimientos”, señala en la misiva.
En agosto del año pasado la policía confirmó la muerte de Eliseo Choque (31) y Carlos Vega (54), productores de coca, en el puente San Antonio, del municipio La Asunta, en la intervención realizada por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
La Asamblea señala que mientras se encarcelan y persiguen a dirigentes sociales de los cocaleros que muestran una resistencia al sistema de gobierno, como es el caso de Franclin Gutiérrez, imputado como autor intelectual del asesinato del Teniente Daynor Sandoval en el mismo hecho en el que murieron los dos productores mencionados, nada se hace por esclarecer la muerte de los cocaleros.
“Advertimos con preocupación la falta de interés por parte del Estado de esclarecer las muertes, quedando en el olvido silencioso con la sociedad como testigo y víctima muda”, se lee en la carta de la Asamblea.
Para los activistas de Derechos Humanos, los principios como objetividad, igualdad, independencia, imparcialidad y debido proceso “han sido olvidados por los operadores de justicia”, en conflictos sociales donde es deber del Estado brindar protección jurídica a todas las personas, “para no dejar impune este tipo de desenlaces en intervenciones policiales”.
La APDHB solicita a las autoridades, a quienes dirigió las cartas, una investigación imparcial de los hechos ocurridos en el Puente San Antonio en agosto 2018.
Que todos los operadores de justicia brinden una respuesta eficaz, pronta y oportuna en la investigación solicitada. También exhorta a todas las autoridades a dejar de estigmatizar y judicializar a dirigentes o personas que no comulguen con el sistema de gobierno.
Y, frente a las últimas declaraciones de fiscales involucrados en el proceso de investigación, la Asamblea pide que se revise de manera objetiva el proceso, para que no se cometan detenciones arbitradas.
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