La Paz, 11 de enero (ANF).- La defensa de la expresidenta Jeanine Áñez presentó las pruebas de descargo que serán testificales y documentales en el proceso “golpe de Estado II”. Ofreció una lista de 45 testigos, que incluyen los nombres de las exsenadoras Adriana Salvatierra y Eva Copa (MAS).
La información fue proporcionada a radio Erbol por el abogado Luis Guillén, quien manifestó que las pruebas de descargo apuntan a demostrar la inocencia de la exmandataria, que es acusada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, por la manera en que asumió la presidencia.
Salvatierra participó de las reuniones en la Universidad Católica Boliviana, convocada por la Iglesia católica y diplomáticos, además de políticos para encontrar una salida a la crisis política que vivía el país.
Mientras que Copa asumió la presidencia de la Cámara Alta luego que su colega Salvatierra renunció, aunque se mantuvo como legisladora. Eva Copa participó al menos en dos oportunidades de actos de promulgación de leyes en Palacio de Gobierno junto a Áñez.
Además de Salvatierra y Copa, en la lista de testigos también se encuentran el exsenador Óscar Ortiz, monseñor Aurelio Pesoa, otros políticos como Roberto Moscoso y Ricardo Paz, quienes participaron en los diálogos de pacificación en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana.
Cuentan con más de 26 pruebas documentales, que van desde las leyes promulgadas por Áñez, publicaciones oficiales, autos constitucionales que reconocen la presidencia transitoria hasta redacciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
También se incluyó el informe de la Organización de Estados Unidos (OEA) sobre las fallidas elecciones de 2019, además del convenio entre ese organismo y el gobierno de Evo Morales para la auditoría de esos comicios.
El abogado afirmó que son un “sinfín de pruebas” para demostrar que hubo un gobierno constitucional transitorio y apegado a la norma. Reiteró su rechazo a que Añez haya sido acusada formalmente por la Fiscalía en este caso.
Acotó que es un proceso que no debería existir porque es derivado de otro, es decir, del caso “golpe I”, en el cual se investigan los mismos hechos, pero por otros delitos.
La exmandataria es procesada en la justicia ordinaria por los casos “golpe I” y “golpe II”. La fiscalía primero inició las investigaciones por sedición, conspiración y terrorismo, pero después desdobló el proceso.
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